WASHINGTON — Martín Andrade, un guardia de seguridad en Chicago, es oriundo de Michoacán, México. Él ha vivido en Estados Unidos legalmente por casi 30 años. Hace dos años que su esposa, madre de sus dos hijos fue arrestada y deportada a México. Los niños, de 7 y 3 años de edad, ambos ciudadanos estadounidenses, están con ella. Andrade dijo que podrían pasar hasta 10 años antes de que se permita a ella regresar.

“Pero algo tiene que pasar ahora”, dijo Andrade, “no podemos esperar. He tenido que aguantar tres años de separación y lucha”.

Andrade visita a su familia una vez al año y habla por teléfono con ellos casi diariamente mientras sigue luchando por sus derechos y rápido regreso. Él y más de 150 otros activistas se manifestaron en el Capitolio, el 12 de septiembre, con la esperanza de ponerle presión al congreso para proteger los derechos de niños ciudadanos de Estados Unidos y sus familias de trabajadores abnegados y contribuyentes de impuestos.

“Los derechos de los inmigrantes son importante porque son los niños como los míos los que tienen los derechos de vivir en su país con sus padres”, agregó Andrade.

Bertha Rangel conoció hace a su esposo, un trabajador de la construcción, hace ocho años. Han estado casado por seis años y tienen tres niños de las edades de 4, 3 y un año, todos ciudadanos estadounidenses. Vivían felizmente por cinco años antes de que el esposo de Rangel fuera arrestado por los oficiales de inmigración y deportado a México en 2005. Rangel y sus tres niños viajaron desde Chicago a Washington para luchar por la reunificación de su familia.

“Estamos hoy aquí luchando por la justicia, para que papá regrese a casa”, le dijo Rangel a Nuestro Mundo. “Ha sido muy fuerte — es difícil para ellos entender”, dijo cuando sus niños hacen preguntas por que su padre no puede estar con ellos. Rangel dijo que es “madre y padre para sus hijos en estos días”.

Grupos de California, Rhode Island, Nueva York, Tejas, Illinois y otros lugares se encontraron en Washington para movilizar apoyo a un estimado de 4 a 5 millones de niños ciudadanos amenazados de tener uno o ambos padres deportados porque no tienen documentación.

Llevando una pancarta hecha a mano que leía, “Nacido en EEUU, no nos lleven a nuestras mamás y papás”, Saúl Arellano, de ocho años, hijo de Elvira Arellano, desfiló por el edificio de oficinas Rayburn de la Cámara de Representantes con otros niños cuyas familias han sido separadas. Saúl y sus amigos presentaron una carta a la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi pidiéndole que urja al congreso poner fin con las incursiones contra los inmigrantes, las deportaciones y la separación de familias.

Elvira Arrellano estuvo un año en asilada en una iglesia después de retar una orden de deportación en 2006 para poder quedarse con Saúl. Ella había planeado hablar en Washington, antes de ser arrestada y deportada a México el mes pasado.

Saúl ha estado este último año participando en manifestaciones a través de EEUU en televisión y reuniéndose con legisladores. Recientemente visitó a 18 ciudades. Desde entonces, él se ha reunido con su madre en Michoacán donde ha comenzado su tercer grado.

Emma Lozano, líder de los derechos de los inmigrantes, dijo que Arellano está tratando de conseguir una visa para poder testificar en la vistas públicas del grupo de congresistas hispanos sobre la inmigración, programada para el próximo mes.

Gabriela Lemus, directora ejecutiva del Concilio Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA por sus siglas en inglés) fue presentadora en esa actividad en Washington. “El Congreso necesita actuar”, dijo.

Las medidas del gobierno Bush y del departamento de Seguridad Patria contra los trabajadores indocumentados, junto a los patronos que los contratan, con los nuevos esfuerzos legales de que las nuevas identificaciones del Seguro Social hagan juego, tienen que cesar hasta que el sistema fracasado de inmigración se arregle.

“Necesitamos una larga conversación racional sobre lo qué significan los inmigrantes para este país”, dijo Lemus. “Tenemos un política del Siglo XVIII para un problema del Siglo XXI”.

LCLAA esta promoviendo la educación de votantes e inscripción, que incluye adiestramiento de líderes y dessarollo comunitario en 15 estados para asegurar un voto sostenible latino en las próximas elecciones, dijo Lemus.

Luis Zepeda, 11, fue uno de los niños que vino de Chicago a Washington. “Estoy aquí por mi mamá, que fue deportada, para que ella obtenga los papeles y regrese a casa”, le dijo a Nuestro Mundo. El dijo que extrañaba a su madre, quien no ha visto en dos años. Habla con ella por teléfono al menos una vez por semana.

“Le digo que la quiero”, dijo.