El secretario de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, ha señalado el deseo de que sus subfiscales en cada región piden la pena de muerte en muchos más casos. Este afán de prender la electricidad o el gas, o aplicar las jeringas envenenadas, ha producido denuncias indignadas en todo el planeta. En Puerto Rico, la decisión de pedir el uso de la pena de muerte en el próximo juicio de dos hombres, Héctor Acosta y Joel Rivera, acusados de haber asesinado a un comerciante secuestrado, promete surgirse, al lado de lo de Vieques, como causa de protesta nacional.

La última vez que alguien fue ejecutado en Puerto Rico fue en el 1927. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aprobada por referéndum en 1952, prohibe la pena de muerte, lo que fue inspirado por la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1953, como parte del acuerdo entre Estados Unidos y la ONU, que permitió que Estados Unidos mantuviera su control sobre la isla, este país reconoció que la Constitución de Puerto Rico iba a gozar de un nivel más elevado de soberanía que las constituciones de los 50 estados, o de las tribus indígenas en los Estados Unidos. Aunque la constitución federal automáticamente supera la constitución de un estado, en caso que haya conflicto entre los dos documentos, no es así con la Constitución de Puerto Rico. De tal manera, un estado no puede prohibir que el gobierno federal utilice la pena de muerte en un caso federal dentro de sus fronteras, pero Puerto Rico sí. Por lo tanto, teoréticamente Puerto Rico podría declarar que el uso de la pena de muerte por una corte federal pero dentro del territorio borinqueño, es anticonstitucional.

Esto tiene una importancia sobresaliente, pues si la Constitución de Puerto Rico puede ser anulada por Ashcroft o por una corte estadounidense, y a la vez el pueblo boricua no puede votar en las elecciones presidenciales ni tiene voto en el Congreso, significa que Puerto Rico es simplemente una colonia sin derechos, lo que el gobierno estadounidense siempre ha negado. Lo que es más, sería una violación del acuerdo con la ONU de l1953.

Como explica el experto de derechos puertorriqueño Fermín L. Arraiza Navas, del Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos en Lund, Suecia, “... el grado de soberanía alcanzado por el Pueblo de Puerto Rico, así como su derecho a la autodeterminación externa y la independencia, lo diferencian de los dos ejemplos anteriores ubicándolo en una posición privilegiada en cuanto a la reserva que tiene sus poderes soberanos y la incapacidad del gobierno federal para intervenir dentro de nuestra jurisdicción mediante la aplicación de legislación congresional ordinaria”.

Arraiza, quien tambien menciona que sacar a los presos de la isla para ejecutarlos en el territorio norteamericano sería otra violación de la ley internacional, pide por lo tanto que el gobierno de la isla proteste la situación ante la ONU.

Por eso es que el propuesto uso de la pena de muerte está causando tanto revolú. Un coro de protesta cada vez más enfática viene dirigido por agrupaciones independentistas y otras fuerzas progresistas en la isla, quienes exigen que la gobernadora y el comisionado residente de Puerto Rico a el Congreso también levanten sus voces en protesta.

El Movimiento Nuevo de Independencia (NMIP) ha denuciando con firmeza a esta situación como un acto bárbaro y una potencial violación de la Constitución.

María de Lourdes Santiago, vicepresidente del Partido Independentista Puertorriqueño, ha escrito:

“El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se negó a pronunciase sobre la aplicabilidad de la ley federal de la pena de muerte en Puerto Rico hasta tanto se produzca una condena. Pero aquí conocemos bien la historia de los problemas políticos canalizados a través de las cortes; pues, le pese a quien le pese, tras el tema de la pena de muerte, se asoma el fantasma de un status colonial por el que ya no saben cómo responder ni los americanos ni sus aliados locales”.

Según escribe Santiago, el senador independentista Fernando Martín pretende levantar este asunto en la legislatura boricua por medio de una resolución exigiendo que el congreso norteamericano reconozca la no-aplicabilidad de la pena de muerte en la isla.