Miguel Ángel Beltrán, ex profesor de sociología en la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquía, fue extraido de Ciudad México a Colombia el pasado mayo. Él ha estado encarcelado desde entonces. El mes pasado empezó el proceso judicial contra él, acusado de reclutar estudiantes para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC).

Beltrán estaba en México haciendo estudios posdoctorales en la Universidad Autónoma de México, en la cual había obtenido su doctorado.

En una carta abierta publicada el 10 de agosto, Beltrán acusa al gobierno del presidente Álvaro Uribe de perseguirlo para crear un ambiente de temor e intimidación, útil como parte de su programa de militarización conocido como política de “seguridad democrática” y apoyado por Estados Unidos.

El encarcelamiento de Beltrán ocurre dentro de la campaña del régimen de conectar a políticos de izquierda, activistas por los derechos humanos, periodistas y gente que abogan por un proceso de paz con las FARC. Las revelaciones de que la policía secreta de Colombia, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ha estado envuelto en ilegalmente espiar contra oponentes del gobierno de Uribe ha resultado en la detención de 10 oficiales del DAS.

Los defensores de Beltrán apuntan a que por casi dos años efectivos de la seguridad han estado vigilando a profesores y estudiantes en las universidades públicas. Un resumen del caso de Beltrán apareció el 27 de mayo en rebelión.org, donde publican los nombres de profesores y estudiantes universitarios encarcelados por trabajar por la paz. El mismo Beltrán cita el caso del profesor de sociología Alfredo Correa que fue asesinado en las calles de Barranquilla en el 2004 después de ser encontrado inocente cuando fue acusado de ser un “ideólogo de las FARC”.

La sindicalista y graduada de sociología, Liliany Obando, será juzgada en agosto, un año después de ser encarcelada.

Igual como en otros casos contra docenas de otros colombianos, las autoridades del estado basan sus alegaciones de que Beltrán tenía lazos con las FARC en supuestos correos electrónicos encontrados en la computadora de Raúl Reyes, dirigente de las FARC matado por los militares colombianos en un campamento en el Ecuador el año pasado. El gobierno insiste en usar lo que dicen son pruebas encontradas en los archivos de la computadora a pesar de testimonio de la misma policía colombiana que no hubieron ningunos correos electrónicos encontrado en la computadora y que la Agencia Internacional de Policía no pudo autenticar ese material.

A Beltrán lo acusan de estar en comunicación con las FARC usando el nombre de “Jaime Cienfuegos”. Su abogado, Gustavo Gallardo, le dijo a los jueces que la fiscalía todavía no han ofrecido ninguna información teniendo que ver con cuando, donde y las circunstancias relacionadas con los alegados contactos de Beltrán con las FARC.

En su carta, Beltrán escribe, “Me acusan de terrorista por sustentar en mis escritos que las FARC son una respuesta histórica a las múltiples violencias del Estado”. Él escribió que “se trata de un claro intento de criminalizar un trabajo docente e investigativo incómodo para el establecimiento”.

Él subraya que “La universidad, centro por excelencia de producción y circulación del pensamiento crítico, no puede ceder a esta intimidación”. Colegas universitarios han circulado una carta acusando al gobierno de persecución política.

Juan Carlos Celis, profesor en la Universidad de Antioquia, dijo en el diario El Tiempo que el gobierno no quiere una diversidad de opiniones contrarias y que las deportaciones, encarcelamientos y juicios son una manera de meterles miedo a los profesores y estudiantes en las universidades.