Mike Graves es un obrero afronorteamericano que ha estado trabajando por 21 años en la planta de Marshalltown, Iowa, de la compañía Swift & Co., a donde fue desde el estado de Mississippi, donde nació, a trabajar. Pero a pesar de ser ciudadano estadounidense aparentemente eso no suficiente para prevenir que agentes de inmigración lo arrestaran en una redada donde trabaja.

“Yo fui arrestado el 12 de diciembre por hacer mi trabajo”, él le dijo a Nuestro Mundo en una entrevista telefónica. “Ellos pusieron a 400 de nosotros en una cafetería donde nos registraron y nos esposaron. Entonces nos interrogaron uno a uno. Me dijeron que si yo fuera realmente de Mississippi, yo debo poder decirle como ir de Mississippi a Iowa por carro. Nos mantuvieron ahí sin acceso a abogados, sin comida ni agua y ni nos dejaron ir al baño por 12 horas”.

Después de que los agente de Inmigración y Aduanas (ICE) acabó con los 400 obreros en Marshalltown, continuaron el terror deteniendo a un total de 12 mil obreros en plantas de Swift en Utah, Tejas, Colorado, Nebraska y Minnesota. De acuerdo al Sindicato Unido de Trabajadores de Alimentos y Comerciales (UFCW por sus siglas en inglés), todos los integrantes de este sindicato arrestados en Swift, donde el UFCW representa a los empleados, o eran residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses.

Sin órdenes de arrestos, el gobierno de Bush arrestó a 12.000 pos sospecha de ser inmigrantes indocumentados.

Nueve meses después, los obreros y su sindicato celebraron una rueda de prensa para empezar su lucha. El UFCW está demandando a las autoridades federal de inmigración por violar los derechos de los trabajadores.

El sindicato y los ocho obrero nombrado como demandantes en la acción legal no solo buscan indemnización, sino que quieren una orden para parar lo que dice el UFCW son redadas ilegales. La demanda dice que los 12.000 obreros fueron abusado durante la redada y detenidos ilegalmente.

Un portavoz de Swift, aunque no está envuelta en la demanda, dijo que la compañía perdió $50 millones debido a las redadas.

Joseph Hansen, presidente del UFCW, le dijo a Nuestro Mundo que “Lo que pasó a los trabajadores de Swift es algo que nunca debiera haber pasado” en Estados Unidos.

Hansen dijo, “Estos hombres y mujeres, que trabajan fuerte, se los llevaron y los esposaron. Entonces fueron detenidos por muchas horas y se le negó acceso teléfonos, baños, consejo legal y a sus familias”.

Sergio Rodríguez, obrero arrestado en la redada en la planta de Greeley, Tejas, dijo, “Yo soy un ciudadano estadounidense y yo pasé todo el día esposado, sin agua, y sin poder ir al baño”. Los agentes de inmigración, “disparaban fusiles en el aire para asustar la gente”.

A Rodríguez se lo llevaron de Tejas al centro de detención de ICE en Denver, Colorado, donde lo dejaron encarcelado por 12 horas sin avisarle de sus derechos constitucionales como estipula la ley.

Peor todavía, agentes de ICE regresaron a la misma planta y arrestaron a 20 más. Entre estos estaba un gerente de personal y un representante del sindicato, acusándolos de reclutar y escondiendo a inmigrantes indocumentados.

La demanda, presentada en el tribunal federal de Amarillo, Tejas, nombra como acusados al secretario de Seguridad Patria Michael Chertoff, la directora de ICE Julie Meyers, las dos agencias y a los agentes federales desconocidos que tomaron parte en la redadas.

Peter Schey, presidente del Centro por Derechos Humanos y Ley Constitucional en Los Angeles, es el abogado principal en la demanda.

Él dijo que lo que hicieron los federales está prohibido por la Constitución de Estados Unidos. “El departamento de Seguridad Patria violó a la Constitución y las leyes federal cuando hizo las redadas al detener en masa a todos los obreros sin tener ninguna base para creer que habían violando ninguna ley. Tal tipo de detenciones han sido considerado ilegal por los tribunales estadounidenses... Si el secretario Chertoff del departamento de Seguridad Patria no está dispuesto o no puede parar la conducta inconstitucional de su agentes, entonces estamos seguro de que los tribunales federales lo harán”.

“Nuestro propósito es él de proteger a todos los trabajadores en todas las industrias y de proteger a todos los norteamericanos”, dijo Hansen. “Los trabajadores en Estados Unidos no esperan que simplemente yendo al trabajo se le van a violar sus derechos constitucionales y que agentes del gobierno asaltan a su sitio de trabajo con equipo antimotín y apuntando armas... Los trabajadores no esperan esta conducta por estamos en América y hay una constitución que proteja a sus derechos”.

Actualemente hay otra demanda de la AFL-CIO, ACLU y otros grupos para parar que usen los números de Seguro Social para usarlos como excusas para hacer redadas contra inmigrantes.

Emile Schepers contribuyó a este artículo.