Hacia la mitad del receso de agosto del Congreso, prácticamente toda la alianza de trabajo y la comunidad que apoya a la reforma migratoria progresista se está movilizando para asegurarse de que la Cámara de Representantes produzca un proyecto de ley en septiembre que prevea la legalización con un camino a la ciudadanía para la gran mayoría de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en este país. Los primeros informes indican que hay una posibilidad real de que los treinta y tantos votos republicanos que se necesitan puedan conseguirse.
El liderazgo republicano en la Cámara de Representantes ha estado amenazando con usar trucos parlamentarios para detener ese proyecto de ley, incluso si tiene el apoyo mayoritario. Así se habla en serio sobre el uso de una maniobra llamada "petición de descarga" para que un proyecto de ley sea traído directamente al pleno de la Cámara para un voto de arriba hacia abajo.
La bipartidista "Banda de los Siete" ha estado trabajando en un proyecto de reforma "integral" en la Cámara y dice que va a introducirlo en septiembre. El presidente de la cámara Boehner y otros líderes republicanos han dicho que no van a traer a votación el proyecto de ley ya aprobada por el Senado (S 744, originalmente) , y prefieren hacer frente a una serie de proyectos más pequeños en lugar de un paquete legislativo integral . Con este fin, el Comité Judicial de la Cámara ya ha aprobado cinco proyectos de ley muy reaccionarias, ninguno de los cuales permiten la legalización de los indocumentados.
Así que el énfasis, por ahora tiene que ser en presionar a suficientes republicanos en la Cámara para "suavizar" sus posiciones típicamente anti-inmigrantes hasta el punto de que voten por un proyecto de ley integral que incluya un programa de legalización amplio y un camino a la ciudadanía.
Por "amplio" se entiende ", incluyendo el mayor número posible de personas". Esto se ve amenazada por una serie de cosas, una de ellas es la posibilidad de que las personas que apliquen sean clasificados como extranjeros "criminales" y terminen siendo deportados.
Hay mucha controversia sobre lo que es un delito de tal gravedad como para provocar la negación de la legalización y una probabilidad de deportación. A menos que esto se aclare, incluso si el Congreso aprueba y el presidente firma un proyecto de ley, habrá personas que tienen miedo de aplicar por el estatus legal porque el mismo acto de aplicar pueda conducir a detención y deportación.
En 2011, el presidente Obama anunció el programa de la "Discreción Fiscal" programa que supuestamente permite que el personal de inmigración del ICE de "un break" , en la forma de ser colocado por debajo en la lista de prioridades para la deportación los inmigrantes indocumentados que no representan un peligro para el público al ser miembros de pandillas, delincuentes, traficantes de drogas y terroristas. Existen serias dudas sobre cómo se está llevando a cabo este programa, lo que sugiere que el personal del ICE está o bien ignorando el programa o clasificando a las personas como criminales que merecen expulsión aunque en realidad no lo sean.
Así que esto tiene que ser incorporado a la legislación también, y no dejar a las órdenes ejecutivas presidenciales que pueden ser fácilmente cuartadas o revocadas por el próximo presidente o por el Congreso.
Cuestiones que no debiesen conducir a negación de legalización o deportación incluyen:
* Volver a los Estados Unidos sin documentos después de haber sido expulsado. Una de las principales razones por los cuales los inmigrantes hacen esto es porque cuando son deportados, ellos dejan detrás, indigentes cónyuges e hijos menores de edad que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Los deportados regresan por el motivo honorable de hacer frente a las situaciones desastrosas creadas por la deportación: hipotecas ejecutadas y los desalojos de viviendas, quiebras debido a gastos médicos, y las crisis emocionales.
* El uso de documentos falsos para conseguir un trabajo: Debido a propia represión del gobierno sobre los empleadores, esto es a menudo la única manera de conseguir el trabajo para apoyar a la familia. La otra opción es trabajar por dinero en efectivo bajo la mesa, lo que significa que la nómina y los impuestos estatales y federales sobre la renta no son retenidos, e implica más daño a la sociedad.
* Algunos son deportados por infracciones relativamente menores, que no implican un peligro real para el público. Además, no hay límite de tiempo para ser deportado después de que uno ha sido condenado por un delito, y algunos residentes permanentes legales han sido detenidos y deportados décadas después de que la ofensa original ha sido desde hace mucho tiempo expiada por una sanción impuesta por la corte.
* Hay muchos casos de personas acusadas de un delito que dicen que no cometieron y que son asesorados por abogados (quizás abrumados y exhaustos defensores públicos) a declararse culpable a cambio de una supervisión y no ir a la cárcel. Entonces el tema de su convicción sobre la base de la admisión de culpabilidad viene de nuevo al contexto de inmigración, y se encuentran puestos en proceso de deportación.
Por último, tenemos que admitir que no sólo es el marco legal de inmigración el que está "roto", todo nuestro sistema de justicia penal está roto también, con un gran número de personas en la cárcel que no deberían estar, incluídas las personas señaladas por crímenes capitales. Esto tiene un fuerte caríz racista, que afecta a los inmigrantes no blancos. La legislación aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Clinton en 1996, la " Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante", ató las manos de los jueces de inmigración, privándolos de la libertad de acción para identificar las circunstancias especiales y mostrar flexibilidad en el tema de la deportación. Debemos también "arreglar lo del 96" en nuestros esfuerzos legislativos.
Foto: Sasha Kimel/Flickr (CC)
