Por siglos las causas patrióticas alistaron espontáneamente a todos los segmentos de la población, incluidos los niños, cuyas pequeñas contribuciones y tareas se inscriben con letras doradas en las luchas de liberación nacional o contra la agresión extranjera.

La imagen de precoces en esos trances de la historia aflora siempre con simpatía y admiración, que no es lo mismo que provoca los que son arrastrados y forzados a participar en guerras de cuestionables propósitos.

Esto último se ha convertido en un fenómeno de tal preocupante magnitud que llevó a la comunidad internacional a adoptar un Protocolo Facultativo que prohibe la utilización de menores en conflictos armados, que acaba de entrar en vigor.

Según estimados de la ONU alrededor de 300 mil muchachos y muchachas están sirviendo en fuerzas gubernamentales o rebeldes en 30 conflictos alrededor del mundo, ya sean como soldados, vigilantes, esclavos sexuales, cocineros o espías.

Un reporte oficial de la Organización puntualiza que a esos menores se les arrancan de sus hogares, escuelas y campos de refugiados, y se les golpean y matan si intentan escapar, y las más vulnerables son las hembras, víctimas de explotación sexual.

El problema de los niños soldados es apenas una parte del panorama desolador de los péquenos en los conflictos armados, y la imagen más amplia se esbozó por primera vez en 1996 en un reporte de Graca Machel sobre las repercusiones.

“Cada vez es mayor la parte del mundo que esta siendo arrastrada hacia un...espacio en el que se asesina, viola o deja tullidos a niños; un espacio en que se les explota como soldados, un espacio en que los niños se mueren de inanición o están expuestos a brutalidades extremas.”

A ello hay que añadir los que sin ninguna participación en confrontaciones armadas mueren o son mutilados por la metrallas, como ha ocurrido en Afganistán, o en los territorios palestinos.

O el infanticidio lento y silencioso a causa de sanciones globales como las que se aplicaron a Iraq, que causó la muerte de 500 mil niños entre 1991 y 1998, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ha reconocido que los posibles beneficios a largo plazo de los régimenes de sanciones deben compararse con los costos inmediatos y a largo plazo para los niños, incluidos el colapso de las infraestructuras de salud y educación, la reducción de las oportunidades económicas y el aumento del trabajo infantil.

De otra parte casi la mitad de los 21 millones de refugiados del mundo son niños y se calcula que 13 millones más han sido desplazadosdentro de sus propios países.

La experiencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que las madres desplazadas suelen reducir el amamantamiento de sus hijos, en tanto que los adolescentes desarraigados corren mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, problemas de salud mental, violencia y uso indebido de drogas.

Incluso los niños que se las arreglan para atravesar una frontera internacional y buscar refugio en un país vecino no están necesariamente a salvo, porque los adultos que huyen de los conflictos suelen estar traumatizados y ser incapaces de satisfacer las necesidades de apoyo sicológico y físico de los menores.

El protocolo facultativo, al que se adhirieron 96 Estados, declara ilegal el reclutamiento compulsorio de personas por debajo de los 18 años de edad, y ratifica las obligaciones de asegurar que ese segmento etario no participe en confrontaciones armadas y condena una practica contraria por parte de formaciones opositoras.

Sin embargo admite para los casos de enlistamiento voluntario un mínimo de edad de 16 años, siempre que se garantice que no hubo coacción y se cuente con el consentimiento de los padres.

A juicio del secretario general de la ONU, Kofi Annan, “los niños son soldados obedientes y baratos” y los que se ven obligados a luchar suelen ser pobres, analfabetos y de zonas rurales, mientras los voluntarios creen escapar de la pobreza o son fácilmente seducidos por llamamientos ideológicos, étnicos, religiosos o políticos.

Los que sobreviven quedan con frecuencia heridos física y sociológicamente, tras haber perdido años de escolarización y socialización.

En los frecuentes análisis que acomete UNICEF acerca del fenómeno, se establece una fuerte relación con el tráfico ilícito de armas pequeñas, fáciles de manejar, supuestamente ventajosa para los menores, pero al final importante fuente de bajas mortales.

El nuevo instrumento legal urge a los Estados a trabajar en favor de la desmovilización y desarme de los que fueron forzados a guerrear y su ulterior rehabilitación y reintegración, para lo que se requiere voluntad política y recursos.

En varios sitios de confrontaciones como Sierra Leona, Sri Lanka y República Democrática de Congo se han comenzado a llevar a cabo programas en favor de ese necesario proceso, aunque con limitaciones materiales y áreas de insensibilidad y resistencia.

Uno de los grandes problemas con que se enfrentan los países después de una guerra es lo que los expertos denominan “crisis de la juventud,” es decir las condiciones desesperadas de los niños muy péquenos y los adolescentes.

En muchos lugares las perspectivas de recuperación dependerán considerablemente de que se de participación a los jóvenes en el proceso de reconstrucción, se rehabilite a los afectados por el conflicto y renazcan las esperanzas en el futuro.

Annan sostiene que la comunidad internacional debe asegurarse de que quienes causen daño o busquen perjudicar a los niños rindan cuenta de sus actos y no se beneficien de ellos.

También podría recurrirse, aduce, a denuncias públicas para reducir la legitimidad política de un grupo y su prestigio entre sus simpatizantes, y en los casos más graves se debería acusar y enjuiciar a los responsables de crímenes de guerra.

La formación guerrerista UNITA ha sido en las Naciones Unidas blanco permanente de censura por esas prácticas, incluida la utilización de niños en la explotación y tráfico ilegal de diamantes y otros recursos del país.

Enfoques más recientes sobre las funciones de las misiones de mantenimiento de paz en distintos lugares han incorporado la encomienda de protección de la niñez y la preparación previa al respecto de los contingentes de cascos azules.

Datos de UNICEF que hablan por si solos muestran que durante el decenio comprendido entre 1986 y 1996, dos millones de niños murieron, seis millones fueron lesionados y más de un millón quedaron huérfanos como consecuencia de conflictos armados.

Olara Otunnu, un ugandés a quien Annan designo en 1997 como su representante especial para la infancia en los conflictos, al anunciar la puesta en vigor del Protocolo Facultativo, el 12 de febrero, proclamo que “no hay lugar para los niños en la guerra y merecen el más alto nivel de protección para que no sean usados como soldados.”

A esos efectos el nuevo instrumento internacional establece además un mecanismo de monitores que requiere de los signatorios someter reportes regulares en que detallen su cumplimiento al Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas.

Pero Otunnu cree más importante aun atacar la pobreza y otras carencias sociales y tomar en cuenta factores políticos, étnicos y religiosos al referirse a numerosos escenarios de confrontaciones armadas en distintas regiones del mundo.

Su juicio, recientemente compartido, coloca el asunto en su real dimensión, a dos meses por delante de la Asamblea extraordinaria sobre la niñez.