Cuando el plan de "Comunidades Seguras" fue presentado por el gobierno como una herramienta poderosa en la batalla para identificar y deportar a los inmigrantes ilegales que habían sido condenados por delitos violentos; docenas de estados, incluyendo California, se sumaron a la medida que permitía que policías locales revisaran las huellas dactilares de todos los detenidos para verificar las bases de datos federales de condenas penales y órdenes de deportación.

El 'matrimonio' sin embargo no duró mucho.

Desde su lanzamiento en 2008, más de la mitad de los deportados en Comunidades Seguras, carecían de antecedentes criminales o sus delitos fueron menores.

El programa no hacía distinción entre los criminales y los que entraron ilegalmente en Estados Unidos o su visa quedó vencida.

Ciudades como San Francisco, Berkeley y condados como Santa Clara, dijeron no querer participar del programa. argumentando que debilitaba las relaciones entre la policía local y las comunidades inmigrantes.

Un proyecto de ley patrocinado por el asambleísta Tom Ammiano, demócrata de San Francisco, propuso que sólo las huellas dactilares de los criminales condenados sean las que se presenten a las autoridades. No fue aceptado.

 La posición del gobierno federal es que sus bases de datos deben recibir las huellas digitales de todas las personas fichadas, y no únicamente las convictas.

En la actualidad, todos los condados de California participan del programa, al igual que 42 estados del país que tienen contrato con el gobierno federal para relacionar sus bases de datos con las del FBI.

Aunque por ahora la participación en el programa es voluntaria, las autoridades federales la harán obligatoria a nivel nacional para el año 2013.

Se trata de un proyecto nacional, de un "Estado policial" que se avecina.

El gobierno ha venido trabajando en la construcción de un sofisticado programa de inteligencia doméstica que le permite acumular y analizar información sobre todos los ciudadanos y personas residentes en el país.

Dentro de los parámetros utilizados para el análisis, principalmente se toma en consideración el origen de la persona, entorno donde vive, su raza, religión y antecedents.

Lo alarmante de todo esto, señala el investigador Néstor García Iturbe; es que para estar fichado de esa forma, es decir, incluido en el programa, usted no tiene que ser un delincuente ni ser sospechoso de haber cometido alguna violación de las leyes, simplemente tiene que existir en Estados Unidos, ya sea como ciudadano, residente o como ilegal en el país.

El sistema recopilador de información, que también es conocido como "Sistema Guardián de Información Clasificada" recibe con frecuencia información procedente del Departamento de Seguridad de la Patria, cuyos informes al FBI tienen como fuentes las autoridades locales, la policía, las agencias privadas de seguridad, los dueños de negocio, el programa 287 (g) y los programas de comunidades seguras.

Por lo regular cualquier informe sobre una persona que resulta sospechosa, antes de incluirlo en su expediente, es procesado por un nivel intermedio del FBI que regularmente existe en las grandes ciudades, este nivel es denominado "Fusion Center". Cuando la investigación de este Centro termina es que sus resultados se remiten a la Central del FBI.

El Departamento de Seguridad de la Patria (DHS) forma parte del plan del gobierno de centralizar en el poder ejecutivo un poder militar y de mantenimiento del orden sin precedentes, que apunta a una mayor dominación en el interior mediante su mayor brazo de investigación y ejecución: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement o ICE), encargado de la protección de la seguridad pública mediante la identificación y la deportación de "criminales" y "terroristas" que en su mayoría son inmigrantes.

El programa de comunidades seguras es una medida temible para lograrlo. En 2010 se llevaron a cabo aproximadamente 400,000 deportaciones de indocumentados.

Un estudio de Immigration Policy Center destaca que ese alto número de deportaciones se están dando como una consecuencia del incremento entre la cooperación de agencias del orden a nivel local y federal bajo el programa de Comunidades Seguras.

Alberto Ampuero es periodista radicado en Riverside, California.

Foto: Pepe Lozano/People's World