Crece el escándalo por las escuchas secretas hechas por el Departamento de Justicia a los periodistas de la agencia Associated Press (AP).

Más de 50 organizaciones de medios de comunicación reprobaron la "operación desmedida" y el daño injustificado a la libertad de prensa en una carta firmada, entre otros, por Dow Jones, EW Scripps, Gannett, The New York Times, The Newspaper Guild, Time Inc. y The Washington Post.

En respuesta, el fiscal general de la nación, Eric Holder, insistió en que el espionaje se hizo ante lo que calificó como una severa filtración de seguridad.

"He sido fiscal desde 1976. Y tengo que decir que esta (...) es una de las más graves (filtraciones) que yo haya visto", afirmó.

"Y tratar de determinar quién es responsable de eso, creo, requiere de una acción muy agresiva", agregó.

Se cree que el accionar de los investigadores del Departamento de Justicia tiene que ver con la historia difundida por Ap en mayo de 2012, sobre la existencia de un espía reclutado por sauditas para infiltrar a la red Al Qaeda en Yemen. El presunto espía recibió una bomba para hacerla estallar en un avión con destino a Estados Unidos, pero el infiltrado entregó el artefacto a las autoridades de Riad, a quienes reveló los detalles del complot.

La historia de AP revelaba detalles de esa operación de la CIA que había impedido un atentado en un avión procedente de Yemen, a pesar de que la Casa Blanca había afirmado previamente de que "No había una amenaza creíble acerca de planes de organizaciones terroristas como Al Qaeda para atacar en EE UU".

"La historia de AP sugirió lo contrario, y sentimos que era una información importante y que el público merecía saberlo", señaló el presidente de la agencia, Gary Pruitt

El fiscal Eric Holder declaró que el artículo estaba basado en la filtración de información sensible que había "puesto en riesgo" a la nación. Como consecuencia, el Departamento de Justicia registró en secreto las llamadas salientes de más de 20 líneas telefónicas de la agencia Ap, incluido el teléfono fijo que la organización tiene en la sala de prensa de la Cámara de Representantes en el Capitolio.

La Administración Obama habría intentado obtener así la identidad de una fuente que reveló una operación de la CIA en Yemen.

Grupos defensores de los derechos civiles y de la libertad de prensa reaccionaron escandalizados, acusando al gobierno de "inaceptable abuso de poder".

La Casa Blanca justificó sus métodos para indagar fugas de información.

Según Stewart Baker, exsecretario asistente de política del Departamento de Seguridad Interna, en los últimos cinco o seis años, el manejo de información sensible por individuos dentro del gobierno está fuera de control y que Obama decidió utilizar herramientas a su disposición de una manera agresiva para lidiar con casos serios se seguridad.

En su persecución de las filtraciones, como ninguna otra administración lo había hecho antes, el Departamento de Justicia ha abierto seis casos contra miembros del Gobierno por filtrar información clasificada a los periodistas y ha logrado enviar a prisión, por primera vez en la historia, a un exagente de la CIA, John Kiriakou, por desvelar la identidad de dos compañeros.

En el caso de AP, La obtención y revisión de registros telefónicos de periodistas ha  generado severos cuestionamientos sobre la forma en que el gobierno de Obama intenta balancear la necesidad de reforzar la seguridad nacional con los derechos de privacidad.

Dotty Lynch, profesora de comunicación política, indicó que entre el gremio hay mucha desilusión con el gobierno de Obama por el tono que ha impuesto en aras de la seguridad nacional y la línea borrosa de lo que puede o no hacer para controlar la filtración de información.

Lo que sí tiene iracundos al ala liberal dentro y fuera del gobierno y al gremio periodístico en el caso de AP, es lo que consideran como la extralimitación de los poderes del Departamento de Justicia.

"Si la más respetada agencia es intimidada, si los medios son intimidados, el impacto directo lo siente el público que tiene el derecho de saber sobre las actividades de su gobierno", comentó Michael Macleod-Ball, de la oficina legislativa de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) en Washington.

"Había tanta promesa y las esperanzas eran tan altas que este comportamiento dejará una mancha entre los periodistas que cubrieron este gobierno", concluyó.

En todo caso, en un intento por mitigar el enojo de la prensa, Obama propuso hoy revivir una ley para proteger más a los periodistas que se niegan a revelar sus fuentes. (La ley fue aprobada por el Comité Judicial del Senado en 2009, pero no logró pasar en la votación del pleno del Senado).

La iniciativa busca impedir que los periodistas sean obligados a testificar acerca de sus fuentes confidenciales, a menos de que todos los demás recursos sean agotados y que su testimonio sea de interés público.

Foto: El Fiscal General Eric Holder en una conferencia de prensa. J. Scott Applegate / AP