Gracias al negativo del Congreso Estadounidense a aprobar ni una amplia reforma inmigratoria ni la mas limitada "Ley Sueño" ("Dream Act") en el 2009 o 2010, se ha creado una situación muy difícil para las comunidades inmigrantes.
Los Republicanos en el Congreso han introducido leyes anti-inmigrantes draconianas (H.R. 140). Y algunas jurisdicciones locales ya están haciendo fila para participar en programas gubernamentales facilitando la cooperación entre estados, condados y policía local por una parte, y el departamento federal de Seguridad de la Patria por la otra. Un nuevo estudio muestra cómo estas estrategias, que son solamente de aplicación de leyes, causarán interrupción y sufrimiento a gran escala mas que resolver el problema de la inmigración indocumentada.
El estudio http://www.migrationpolicy.org/pubs/287g-divergence.pdf está titulado "Delegación y Diferencia: un estudio de servicios de inmigración estatales y locales 287 (g )." Dicho estudio fue realizado por el Instituto de Políticas Migratorias y por Randy Capps, Marc R. Rosenblum, Cristina Rodríguez y Muzaffar Christi como co-autores.
Los programas 287 (g) son arreglos de cooperación entre agencias policíacas locales, estatales o del condado y la I.C.E., agencia federal encargada de aplicar la ley migratoria. En estos programas, oficiales de policía reciben entrenamiento y apoyo de la I.C.E. y luego cuentan con autoridad para interrogarles a personas detenidas sobre su estatus migratorio durante el curso de sus investigaciones de infracciones mayores o pequeñas. Personas que ofrecen respuestas insatisfactorias pueden ser consignadas a la I.C.E. y sujetas a procesos bajo las leyes migratorias.
Existen varios modelos distintos de los programas 287 (g). En algunos programas se trata de amplias redadas en la comunidad, en las que son generalmente detenidas personas que no hayan sido acusadas de ningún crimen.
El enfoque de estos programas está supuestamente sobre las personas que se consideran como sospechosos criminales (incluyendo a personas con múltiples infracciones de leyes migratorias como las de no haberse presentado a una audiencia de deportación, o que han regresado al país luego de ser deportados). Pero el gobierno federal clarifica que aún cuando detengan los oficiales autorizados por los programas 287 (g) a inmigrantes indocumentados no criminales, estos serán consignados a la I.C.E.
Como resultado, han habido quejas acerca de discriminación racial en instancias en las que oficiales de policía persiguen a Latinos en espera de que sean indocumentados, buscando la posibilidad de procesarlos bajo los programas 287 (g). Algunas jurisdicciones ya parecen haber fijado cuotas para el número de personas procesadas mediante el programa, lo que presiona a los oficiales a que se pongan más agresivos en sus interrogaciones y detenciones a la gente.
El estudio se enfoca sobre 7 jurisdicciones: la oficina del alguacil del Condado de Frederick, el Departamento de Policía del condado de Prince William y el Centro de detención para adultos Prince William-Manassas, en Virginia; las oficinas de los alguaciles de los condados de Cobb County y Gwinnet, en Georgia, la policía metropolitana de Las Vegas, Nevada; la oficina del alguacil del condado de Los Angeles, California., y el Departamento estatal de Seguridad Pública de Colorado.
Los resultados del estudio son alarmantes. Mientras que el programa 287 (g) se anuncia al público como una herramienta dirigida hacia criminales peligrosos, la realidad es que la mitad de las personas procesadas por medio de este programa fueron detenidas por ofensas menores tales como infracciones de tráfico.
En las jurisdicciones analizadas del Sudeste parece haber un patrón orientada principalmente a la comunidad Latina. Peor aún, "los oficiales locales y estatales operan programas 287 (g) de acuerdo a prioridades formadas en gran parte por presiones políticas".
En los condados Frederick y Prince William, políticos republicanos derechistas han hecho de la "inmigración ilegal" su campaña en elecciones recientes. Esto ha causado fuertes conflictos entre autoridades locales y comunidades hispanas.
Comunidades hispanas han huido de lugares en donde los programas 287 (g) se utilizan como armas por políticos locales. El condado de Frederick, Maryland, ha perdió el 61% de su población no ciudadana desde que entró al programa 287 (g) en el 2008, y el condado de Prince William, Virginia, vio una baja de 23%. Aquellos que se van no son inmigrantes indocumentados: el miedo a ser molestados por la policía cruza las líneas de estatus de migración. Y resulta poco probable que todos estén abandonando a Estados Unidos para volver a sus países de origen.
Un nuevo estudio por parte del "Pew Hispanic Center" muestra que el número de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos ha subido otra vez a 11.2 millones, luego de haber disminuido en el 2008 a causa de la crisis económica. Mientras que la economía de Estados Unidos esté mal, la mayoría de los países de donde provienen los inmigrantes son mucho peores.
Los que apoyan a los derechos de los inmigrantes no ven de manera optimista el hecho de que una reforma de inmigración pueda llevarse a cabo en los próximos dos años, debido al control que mantienen los Republicanos sobre la Cámara de Representantes. Pero demuestran el estudio del Instituto de Políticas Migratorias y muchas otras formas de evidencia que la cuestión de la reforma migratoria ni se puede ignorar, ni puede ser resuelta con medidas represivas en contra de los inmigrantes.
Emile Schepers es un veterano activista por los derechos civiles y de inmigrantes.
Esta es una traducción de una historia que aparece en el sitio web de People's World: http://www.peoplesworld.org/anti-immigrant-laws-are-problem-not-solution-study-shows/
Fotografía: sospechosos esperando a ser revisados por medio de un escáner de huellas digitales en una estación de procesamiento 287 (g), Julio 2010, Phoenix, Arizona. (Ross D. Franklin/AP)
