People Before Profit blog

Wal-mart, el supremo

Wed, 29 Jun 2011 13:09:00 +0000

El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos rechazó el 21 de junio una demanda colectiva por discriminación laboral de un millón 600 mil mujeres contra la cadena de tiendas Wal-mart. La Corte dictaminó que el pleito no tenía suficiente peso legal como para continuar en forma de querella colectiva.

El caso llevaba diez años en los tribunales. La mujer que promovió la primera denuncia fue Betty Dukes, tras constatar que la empresa le pagaba menos por ser mujer y negra. Once días después se le sumaron otras cinco mujeres, y luego la demanda se convirtió en un caso de discriminación por género en toda la compañía.

Los abogados de las demandantes argumentaron ante la Corte que las mujeres representaban dos tercios de los empleados de Wal-Mart, pero que sólo una fracción accedía a un cargo gerencial en alguna sucursal. Añadieron que en casi todas las categorías laborales las mujeres ganaban menos que los hombres, pese a que la mayoría había trabajado más años en la compañía que sus contrapartes masculinas.

Por su parte, Wal-Mart arguyó que con "siete divisiones, 41 regiones, 3,400 tiendas comeciales y más de un millón de empleados", las experiencias de los empleados individuales son demasiado distintas como para permitir jurídicamente una demanda "colectiva". Wal-mart, en otras palabras, es demasiado grande, demasiado multifacética y demasiado diversa como para poder ser jurídicamente demandada.

Los jueces de la Corte respaldaron los argumentos de Wal-mart, y se mostraron contrarios a aceptar el tamaño de la demanda que sentara un importante precedente de cara a demandas similares.

En su opinión, convertir las demandas individuales en una causa común haría demasiado fácil para los trabajadores pelear por demandas laborales con la intención final de que sean admitidas como causa común ante la justicia.

Por eso, ante el peligroso precedente que podría suponer, Wal-mart no tardó en recibir ayuda de algunas de las mayores multinacionales estadounidenses. En total, 19 compañías, incluidas Bank of America y Microsoft, solicitaron a la justicia rechazar la unificación de las demandas bajo lo que se conoce como class-action, o procedimiento legal en defensa de un amplio grupo de personas que tienen un interés común.

El Alto Tribunal finalmente decidió no unificar en una sola causa las múltiples denuncias procedentes de empleadas de 4.400 tiendas diferentes de Wal-Mart y Sam's Club desde 2001, y puso fin a las demandas colectivas presentadas conforme al título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La decisión es extremadamente delicada, cambia el panorama legal de las demandas laborales y otro tipo de acciones populares.

Las demandas colectivas aumentan la presión en las empresas para que busquen un arreglo debido al costo que les acarrea su defensa, y se convierten en poderosos instrumentos para obligar cambios cuando se presentan de manera colectiva en lugar de individualmente

Al rechazar la querella colectiva, los jueces del alto tribunal limitan el recurso de las demandantes, por lo que tendrán que continuar con su denuncia a título individual.

"Es muy costoso un pleito legal para los particulares dentro del título VII. Se hace como una demanda colectiva o nada" , señaló el profesor de leyes de la Universidad de Columbia, John Coffee.

El presidente de la Unión Internacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos y de Establecimientos Comerciales (UFCW), Joe Hansen, dijo que el fallo fue "profundamente perturbador", porque "el máximo tribunal de nuestra nación le ha dado la espalda a una solución colectiva para trabajadoras que enfrentan injusticias generalizadas".

La cadena Wal-Mart, fundada en 1962 por Sam Walton, tiene un historial laboral complicado. No permite que ninguno de sus empleados se afilie a un sindicato y ha sido criticada por no tratar muy bien a sus empleados y por su impacto negativo en las economías locales donde se implanta. Los gobiernos, a todos los niveles, también pierden cuando llega Wal-Mart: reduce sueldos y salarios, elimina puestos de trabajo y lleva a las familias a la pobreza. El resultado es que el gobierno termina pagando por su Medicaid, S-CHIP (seguro de salud para los niños), estampillas de alimento, y otras ayudas.

La realidad con respecto a Wal-Mart es que simplemente es inmenso. Ellos fijan las reglas.

Alberto Ampuero es periodista de Riverside, California.

Foto: De izquierda a derecha, Betty Dukes, Gunter Deborah, Kwapnoski Christine y Arena Edith, los demandantes en el caso de las mujeres en contra de Wal-Mart, en una conferencia de prensa 29 de marzo fuera de la Corte Suprema de Justicia. (Jacquelyn Martin / AP)

Chile: trabajadores se anotan gran triunfo

Mon, 27 Jun 2011 15:57:00 +0000

El gobierno derechista de Sebastián Pinera debió retroceder en su intención de rebajar las indemnizaciones, después que pretendió modificar por decreto el Artículo 172 de Código del trabajo.

El Lunes 6 de Junio la Dirección del Trabajo órgano administrativo dependiente del Ministerio del trabajo, emitió el Ordinario 2314/038, por el cual pretendía modificar la Base de cálculo de las indemnizaciones por años de servicio y de aviso previo, eliminando los bonos, ante este decreto del gobierno derechista, dirigentes de Confederaciones, Federaciones y Sindicatos del sector privado, agrupados en la Coordinadora Nacional de organizaciones amigas y afiliadas a la Federación Sindical Mundial- FSM, mas la Confederación de gente de Mar, como tambien otro grupo de organizaciones Sindicales en coordinacion con la Escuela Sindical tomaron contacto con algunos diputados y otras organizaciones Sindicales para salir al paso de esta maniobra, los dirigentes solicitaron formalmente a la Dirección del Trabajo la anulación del decreto de la discordia, también se dirigieron al presidente de la Corte suprema para solicitar la revisión de dicho decreto en la Sala de lo Laboral, esta sala a través de algunas sentencia han negado la valides del articulo 172 para el cálculo de las indemnizaciones, apagándose en las facultades que la Constitución les entrega, según los dirigentes. Al mismo tiempo que convocaban a dirigentes sindicales del sector público y privado a coordinarce para enfrentar esta arremetida gubernamental contra sus derechos.

Mientras tanto en Aysén la Ministra de Trabajo y Previsión Social, Evelyn Matthei, se reunió con el Director Nacional de Trabajo con el fin de reconsiderar el dictamen, alegando que la ley "está muy mal hecha", por contradicciones en los artículos que no permiten resolver adecuadamente.

En este sentido el Director de Trabajo en la Región de Aysén, Eugenio Canales, señaló que este jueves 16 se decidió dejar sin efecto la circular de dicho decreto ; a fin de que sean los parlamentarios los que mejoren la ley. "Por consiguiente y conforme a los señalado por la Ministra, se entendió que este problema debe abordase íntegramente por vía de un proyecto de ley, más que por un dictamen y sobre esa base y las consideraciones expuestas por la ministra se solicitó a la dirección del trabajo, la reconsideración de este dictamen 2314 y por ello la dirección del trabajo ha estimado pertinente dejarla sin efecto, manteniéndo por ende la doctrina anterior contenidos en el inciso segundo del articulo 41 del codigo de trabajo"

Los más de 100 dirigentes reunidos en la Anef han insistido en presentar una segunda solicitud para asegurar que los anuncios de la Ministra no queden solo en palabras, al mismo tiempo se convocaron para los proxima dias a una reunion para analizar lo que acontece con la propuesta del Gobierno de entregar tan solo un 4,7% para el Salario Mínimo, medida que es rechazada por todo el Movimiento Sindical, los participantes acordaron seguir coordinando esfuerzos para impulsar la defensa de los derechos de los trabajadores.

La Federación Sindical Mundial

Foto: La policía antidisturbios detienen a una mujer durante una protesta de empleados públicos y estudiantes en contra de los despidos masivos de empleados públicos, en Santiago, Chile. Aliosha Marquez/AP

Premio a las trabajadoras domésticas

Tue, 21 Jun 2011 15:23:00 +0000

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un convenio para mejorar las condiciones de decenas de millones de trabajadores domésticos alrededor del mundo, que son a menudo inmigrantes.

Dicha normativa, que se llamará Convención 189, constituye el primer instrumento jurídico internacional que protege a este sector informal.

El texto aprobado garantizará un tratamiento similar al que tienen ya otras categorías de empleados y exigirá a los gobiernos que verifiquen que los trabajadores domésticos comprenden las condiciones de sus contratos. Se propone asimismo instaurar un día de descanso semanal e impedir que los patrones obliguen a sus empleados domésticos a permanecer en el lugar de trabajo durante sus días libres.

Similares a la ley que aprobó Nueva York el 1º de julio de 2010, la "Ley de Derechos de las Trabajadoras Domésticas" , que garantiza el pago de horas extras después de 40 horas de trabajo semanal o de 44 horas si la empleada vive en el hogar, un día de descanso cada siete días o el pago de ese tiempo si ésta lo prefiere y tres días de vacaciones anuales después de trabajar para la misma familia después de un año.

También le garantiza los beneficios de compensación por discapacidad, al igual que otros trabajadores en el estado y el derecho a iniciar una acción legal si son víctima de hostigamiento o racismo en su lugar de empleo, entre otros beneficios.

La aprobación de esta primera ley laboral específica para los servicios del hogar, que beneficia a unas 250,000 personas que han estado excluidas del código laboral, es la culminación de siete años de lucha de los activistas por los derechos de las trabajadoras domésticas.

Consultada Jill Shenker sobre cómo se controlará que se respeten en Nueva York los derechos ganados, la coordinadora de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar dijo que, al igual que todas las leyes laborales, deberá ser implementada por el Ministerio de Trabajo y que el Estado deberá defender esos derechos.

La ley de Nueva York terminó en el estado con una situación heredada de los años 30. Entonces, en Estados Unidos, las trabajadoras domésticas -al igual que los trabajadores rurales- , quedaron fuera de la Ley de Condiciones de Trabajo Justo.

Por lo tanto, hasta hoy, fuera del territorio neoyorquino, la trabajadora del hogar queda sujeta a la buena voluntad de sus empleadores.

Se estima que alrededor de 2.5 millones de personas trabajan en hogares en Estados Unidos , siendo la inmensa mayoría mujeres inmigrantes, una población vulnerable por su género, estatus migratorio, confinamiento en su lugar de trabajo y su bajo nivel de educación.

Según la organización de derechos humanos Human Right Watch, esto equivale a una "esclavitud moderna", que se origina en que los empleadores no ven a su personal doméstico como un ser humano, sino "como un inmigrante que simplemente debería estar feliz de tener un trabajo".

Las activistas creen que la explotación del personal doméstico está arraigada en la cultura estadounidense. No olvidemos, dice Carmen Duarte, que el sector del trabajo doméstico hunde sus raíces en la esclavitud Africana,

El sector de trabajadoras domésticas, explica , surge con la trata trasatlántica de esclavos africanos y las plantaciones que proveían recursos materiales para la industrialización del país. Tras la abolición, esta ocupación fue desempeñada predominantemente por mujeres de origen africano.

Luego, en los años 70, el movimiento por los derechos civiles expandió las opciones laborales para las mujeres negras, éstas comenzaron a sumarse a las filas del trabajo doméstico, buscando escapar de la pobreza reinante en sus lugares de origen.

Luego, con el auge de la inmigración latina y asiática a Estados Unidos, el sector de las trabajadoras domésticas diversificó su composición étnica.

Tradicionalmente ha sido difícil evaluar el alcance de la explotación a este sector de la fuerza laboral, debido a la naturaleza privada de la actividad. Lo que se sabe de ellas es que se las hace trabajar de más y se les paga de menos.

Se estima que en Estados Unidos 23% de los empleados en domicilios privados son inmigrantes indocumentados.

Por su especial vulnerabilidad, es indispensable la organización y educación de las trabajadoras del hogar, sostienen las organizaciones de trabajadoras que vienen luchando por un cambio, como la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que en su asamblea, resolvió extender la iniciativa neoyorquina y luchar por una legislación nacional.

Actualmente, el Legislativo del estado de California considera una ley similar a la de Nueva York, y las posibilidades de que la medida llegue al escritorio del gobernador Jerry Brown para su firma son bastantes buenas.

Foto: National Domestic Workers Alliance. Robert B. Livingston // CC 2.0

Significativo proyecto de ley para los trabajadores del campo llegara al escritorio del gobernador

Mon, 20 Jun 2011 12:58:00 +0000

OAKLAND, Calif. - Un significativo Proyecto de Ley aprobado por las dos cámaras legislativas está en camino al escritorio del Gobernador Jerry Brown para su firma. Se trata de la Ley que facilitará a los 400,000 trabajadores del campo a que escojan un sindicato.

El Proyecto de Ley "El Trato Justo para los Trabajadores del Campo" con el número: SB 104, fue presentado por el Senador Estatal y Presidente Pro Tem, el Demócrata por Sacramento, Darrel Steinberg. Este Proyecto de Ley dará a los trabajadores del campo la opción de afiliarse a un sindicato de trabajadores que resulte escogido por la mayoría de los trabajadores, fuera de su derecho de su voto secreto en elecciones.

El sindicato United Fram Workers (UFW) expresó que esta medida permitirá defenderse mejor a los trabajadores porque tienen la opción de establecer o no un sindicato libre de las amenazas y la violencia que ejercen los patronos cuando las votaciones que realiza el sindicato se lleva a cabo en las inmediaciones propiedad de la hacienda.

En la Conferencia de Prensa en las gradas de la Casa Municipal de Oakland, Josie Camacho, dirigente de la Organización Alameda Labor Council , que consiguió la aprobación de una resolución apoyando este proyecto de ley en el Consejo Municipal, ante una multitud de sindicalistas y activistas comunitarios declaró que este proyecto de ley dará a los trabajadores del campo: "el derecho humano de negociar colectivamente unos salarios decentes y especialmente unas condiciones de trabajo aceptables cuando trabajan en el campo".

Camacho citó la trágica muerte de una muchacha trabajadora del campo de unos 17 años de edad, María Isabel Vásquez Jiménez, que después de haber trabajado nueve horas ininterrumpidas, sin agua ni descanso, se desplomó por insolación. Camacho expresó: "Eso es injusto e inmoral. Estamos en solidaridad con los trabajadores del campo y con todos los trabajadores por su derecho a negociar colectivamente".

El sindicato UFW solicita urgentemente a los simpatizantes de esta medida a que firmen una petición al Gobernador Jerry Brown de que ponga su firma en esta ley. El sindicato fue muy enfático en afirmar que sin esta ley "los trabajadores del campo continuarán enfrentando insoportable condiciones de trabajo y

opresión. Muchos de los trabajadores no tienen acceso a condiciones básicas como sombra, agua, y aun periodos de descanso durante los calurosos días de verano. Sin esta ley toda esta desgracia continuará: atropellos contra los salarios y las horas de trabajo, la exposición a los pesticidas continuará sin reclamo, el acosamiento sexual seguirá desenfrenado, la insalubridad debido a la falta de sanidad en los sitios de trabajo, la ausencia de cuidado médico y la ausencia de medidas de seguridad física en el trabajo continuarán atormentando a los trabajadores del campo".

Tal como los empresarios dijeron en 2009 cuando se aprobó la Ley "Employee Free Choice Act, ahora también dicen que con la Ley "El Trato Justo para los Trabajadores del Campo" estos trabajadores pierden el derecho al voto secreto que tenían.

Ante esta mentira, el sindicato UFW dice que con esta medida los trabajadores del campo mantienen su derecho al voto secreto al que se agrega el derecho a formar un sindicato si la mayoría de los trabajadores han firmado las tarjetas que indican que lo quieren hacer.

El anterior Gobernador, el republicano Arnold Schwarzenegger se opuso a la aprobación de esta Ley SB 104 cuando la presentaron para su firma y la vetó.

En 1975, durante la anterior administración del demócrata Gobernador Brown, se aprobó la Ley Relaciones Agrícolas de California, que por primera vez establecía derechos laborales para los trabajadores del campo en el Estado, similares a los establecidos en la Ley Relaciones Laborales Nacionales de 1935.

Foto: Marilyn Bechtel/PW