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Impulsaría economía norteamericana legalización de indocumentados

Tue, 27 Apr 2010 11:01:00 +0000

Un nuevo estudio publicado por el Centro por el Progreso Norteamericano por la Integración y Desarrollo de América del Norte demuestra que la legalización a los 11 a 12 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos podría elevar el Producto Interno Bruto (PIB) de este país en $ 1.5 billones durante 10 años, además de traer otros beneficios a los trabajadores de EEUU y la economía de la nación.

El estudio realizado por el doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, director fundador del Centro por la Integración y Desarrollo de América del Norte [North American Integration and Development Center] de la UCLA, utiliza un modelo de metodología sofisticado llamado "equilibrio general", para examinar el impacto de la legalización de los inmigrantes que les afectaba a alrededor de 3 millones de indocumentados al final de los años 1980 a través de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986, y un programa de legalización suplementaria para los trabajadores agrícolas, como base para predecir lo que sucedería si un nuevo programa de legalización se llevara a cabo ahora.

El estudio y muchos otros documentos útiles se pueden encontrar en la página de Web del Centro de Política Migratoria, en www.immigrationpolicy.org.

Muestra Hinojosa tres escenarios posibles:

Una reforma migratoria que legalice a los indocumentados actualmente en los Estados Unidos con plenos derechos laborales, y un método para conectar el futuro flujo de trabajadores a las necesidades laborales de EEUU.
Una reforma migratoria que les convierte a los actuales inmigrantes indocumentados en trabajadores huéspedes permanentes, sin derechos laborales, y que sólo permite una masiva inmigración legal a través de programas de trabajadores huéspedes, en las que los trabajadores inmigrantes tienen derechos laborales limitados.
Un enfoque "solamente policial", con el cuál todo se concentra en detenerles y deportarles a los indocumentados.

Cita Hinojosa estadísticas que muestran que cuando los 3 millones de trabajadores anteriormente indocumentados fueron legalizados por la IRCA y el Programa de Trabajadores Agrícolas Especiales a finales de los 1980 y principios de los1990, hubo un incremento inmediato en los salarios, especialmente para las mujeres trabajadoras. Esto se debía a que ya no tenían miedo a la deportación si buscaban mejores salarios, y también porque fueron capaces de conseguir trabajo que antes no podían debido a su situación ilegal. En 1992, según estadísticas del Departamento de Trabajo de EEUU citadas por Hinojosa, los trabajadores que se habían legalizado a través de la IRCA tuvieron un aumento promedio de salario de cerca del 13,2 por ciento mientras que las mujeres habían aumentado sus salarios en alrededor del 20,5 por ciento.

Este escritor trabajó durante ese tiempo y subsecuentemente con gran número de inmigrantes mexicanos legalizados por la IRCA. No sólo eran capaces de conseguir mejores puestos de trabajo y demandar mejores salarios, sino que en muchos casos fueron capaces de participar en campañas de organización sindical, huelgas y otras acciones de trabajo. Esto fue beneficioso para todos los trabajadores estadounidenses, ya que, como dice el título del estudio del Dr. Hinojosa, "se levantó una plataforma" para una alza general de los salarios y de las condiciones de trabajo para todos los trabajadores, que habían sido artificialmente deprimidos porque los trabajadores indocumentados carecían de derechos laborales. Y como los salarios aumentaron y las personas que habían estado trabajando clandestinamente comenzaban a pagar impuestos regulares y retenciones de Seguro Social y de Medicare, los ingresos federales se incrementaron también.

En una derivación futura de los resultados de legalización de la IRCA, Hinojosa predice que los beneficios obtenidos por los trabajadores inmigrantes y por todos los trabajadores podrían ser aun mayores si la población actual sin papeles fueran legalizados. Predice él que un programa de legalización con plenos derechos laborales para los trabajadores aumentaría el PIB de este país por 1,511 billones de dólares en 10 años, 0,84 por ciento del PIB actual.

Por otra parte, si solo el programa de trabajadores huéspedes estuviera disponible para los actuales trabajadores indocumentados y para la inmigración futura, el impacto al PIB seria menos fuerte, o sea unos 792 mil millones de dólares, o un 0,44 por ciento del PIB actual.

En cuanto al enfoque "solamente policial" cuyo costo ha aumentado notablemente (el costo de apresar un individuo indocumentado ha subido de $272 en 1992 a $3.102 en 2008), traería consigo efectos negativos. El PIB se reduciría en un 1,4 por ciento, o una pérdida de $ 2,6 billones en 10 años. Hinojosa cree que algunos salarios de los trabajadores de bajos ingresos podrían subir un poco (sin embargo, hay otras maneras de hacerlo, como la mejora y aplicación de leyes de trabajo de EEUU).

Una limitación del estudio es que Hinojosa no averigua las tendencias económicas y políticas en México y otros países de origen para la inmigración, salvo una breve mención de la cuestión de las remesas enviadas por mexicanos que trabajan en Estados Unidos a sus familiares en México. Cree Hinojosa que aumentaría las remesas con la legalización, lo que mejoraría las perspectivas económicas del pueblo en los países de origen y por lo tanto se reducirían los incentivos para emigrar. Pero desafortunadamente, después de la aplicación del Tratado de Libre Comercio en 1994, junto con el rescate del sistema financiero mexicano por el Presidente Clinton y Robert Rubin en 1994, la inmigración indocumentada de México a los Estados Unidos se duplicó. Demuestra esto la sensibilidad de los patrones de migración que ocurre en los países de origen para la inmigración.

Es difícil pero esencial, romper la creencia de que hay un número fijo de puestos de trabajo en nuestra economía, y de que los nuevos trabajadores que vienen, con o sin papeles, significan "puestos de trabajo que pierden" los trabajadores de EEUU. Aunque el estudio de Hinojosa es, probablemente, demasiado técnico para mucha gente, sus conclusiones son importantes y muestran la necesidad de una reforma migratoria integral que legalice a los 8 millones o más de trabajadores indocumentados tan rápida y completamente como sea posible.

Foto Korean Resource Center (http://www.flickr.com/photos/krcla/ / CC BY-SA 2.0)

Ley PODER frenaría abusos contra trabajadores, dice senador

Fri, 23 Apr 2010 17:19:00 +0000

Apoyado por líderes de derechos civiles y de sindicatos, el Senador Robert Menéndez, Demócrata por Nueva Jersey, anunció el 4 de abril en una conferencia de prensa en el Capitolio un proyecto de ley que fortalecería los derechos de los trabajadores y de los inmigrantes.

Dijo Menéndez que la propuesta de ley "POWER," [poder], que por sus siglas en inglés significa "Protección a nuestros Obreros de Explotación y Represalias," fue escrita como respuesta a varias denuncias hechas en el país. Según dichas denuncias, los patrones están amenazándoles con deportación y redadas migratorias a trabajadores que hablan de sus derechos en el trabajo.

Una de estas denuncias viene del Ingeniero Daniel Castellanos, natural de Lima, Perú.

Castellanos fue contratado para trabajar en Nueva Orleans después de lo sucedido con el Huracán Katrina, cuando miles de residentes de la costa del Golfo buscaban trabajo y vivienda.

"El patrón de Daniel lo pagaba la mitad del salario que se le pagaría a un trabajador norteamericano, sometía a los trabajadores a condiciones atroces, y contaba con el miedo que estos tenían de ser deportados para mantenerlos en silencio. Cuando Daniel llevó a los trabajadores a una lucha pública en búsqueda de respeto y dignidad, fue despedido. Esta ley le protegería a Daniel y a otros como él, para que puedan responder sin miedo ni inquietud a empleadores abusivos. Esta ley ayudaría a nuestra economía asegurando que tanto los trabajadores norteamericanos como los inmigrantes sean tratados justamente" dijo Menéndez.

Se pueden encontrar numerosos ejemplos de maltrato por parte de empleadores que utilizan redadas migratorias para mantener a los trabajadores "en su lugar" y así maximizar su taza de ganancias.

Líderes pro derechos Civiles, incluyendo al Rev. Jesse Jackson, y líderes sindicales apoyaron a Menéndez porque la ley "POWER" proporcionaría una protección laboral esencial en contra de represalias tomadas por empleadores.

La ley "PODER" (POWER) les proporcionaría a trabajadores valientes las herramientas necesarias para asegurar que sean protegidas sus derechos de organizar y de trabajar en un ambiente seguro y legal," dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Ley Migratoria.

Dijo Hincapié que patrones injustos saben que pueden usar amenazas de deportación para evitar la organización de sindicatos, y para mantener a los trabajadores en línea si se atreven a hablar acerca de salarios o malas condiciones laborales.

"Esto les afecta a otros empleadores, creando una 'carrera hacia el fondo' que Estados Unidos no puede sustentar," dijo ella.

La "carrera hacia el fondo," dicen los expertos, es un factor contribuyente a los salarios estancados y la falta de crecimiento de recursos que los trabajadores estadounidenses han sufrido en las últimas décadas.

En una declaración, el Vicepresidente ejecutivo de la Unión Internacional de Empleados de Servicios [SEIU, por sus siglas en inglés], Eliseo Medina dio la bienvenida a dicha propuesta de ley, citando su propia experiencia familiar en la "carrera hacia el fondo".

"Conozco esta historia demasiado bien. Mi familia vino a este país en los años cincuenta bajo el programa Bracero que trajo una muy necesitada ayuda para las granjas, pero que no ofrecía protección contra patrones abusivos, bajos salarios y condiciones laborales deplorables. A lo largo de las décadas, nuestras leyes de inmigración han cambiado, pero para los empleadores sin escrúpulos, sus posibilidades de amenazarles a trabajadores con maltratos, con deportación o con retenerles el salario siguen iguales."

Dijo Medina que trabajadores nacidos en Estados Unidos también son afectados por este abuso, y no ganan ni derechos ni mayores salarios debido a la deportación de indocumentados o redadas migratorias.

"Cuando algunos trabajadores son fácil de explotar, se reducen los salarios y se crean condiciones laborales peligrosas para todos. Nadie gana: ni los trabajadores norteamericanos, ni los inmigrantes, ni mucho menos los dueños de empresas bien intencionados que siguen las reglas," dijo.

La introducción de este proyecto de ley llega al mismo tiempo que el surgimiento de una coalición a favor de una amplia reforma a las leyes laborales y migratorias, que incluiría un camino hacia la legalización y la ciudadanía, derechos civiles y laborales, y reunificación familiar.

Para más datos [en inglés] sobre las provisiones claves de la propuesta de ley "POWER," visita el sitio de Web del Centro de Ley de Inmigración, http://www.nilc.org. Para un paquete de recursos informativos en castellano sobre la deportación y las redadas migratorias, visita http://www.nilc.org/trainings/IWR-training-material/Enforcement/02-Community_Resource_Kit-Spanish_translation.pdf

Fotografía: Luego de una redada migratoria en una empacadora kosher de la ciudad de Postville, Iowa, algunas 1.200 personas se manifestaban contra el maltrato a trabajadores inmigrantes.

¡Alto a la locura anti-inmigrante en Arizona!

Fri, 23 Apr 2010 17:03:00 +0000

La locura anti-inmigrante que actualmente se desarrolla en Arizona demuestra la urgente necesidad de que el presidente Obama y el Congreso hagan más para componer el estropeado sistema de inmigración de EEUU, dicen partidarios de la reforma migratoria.

Argumentan activistas pro derechos migratorios que los legisladores del estado de Arizona ya están a punto de promulgar una de las medidas anti-inmigrantes más reaccionarias de todos los tiempos, una propuesta que daría a la policía local el derecho a detener a quienes quieran bajo el pretexto de una "sospecha razonable" y poner en tela de duda el estatus legal de cualquier persona detenida.

El proyecto de ley SB-1070 fue aprobado 35 a 21 en la Cámara estatal de Representantes. Se define la falta de documentos migratorios apropiados como delito menor [misdemeanor] en Arizona. La propuesta les concedería a policías locales el derecho a detenerles a sospechados de andar sin documentos y a aquellos que no puedan verificar sus estatus legal.

Aprobó el senado estatal medida similar a principios de año y se espera que el gobernador republicano Jan Brewer firme el proyecto de ley.

Actualmente, los delitos de inmigración son violaciones de la ley Federal y no de la ley estatal, y oficiales locales de policía pueden preguntar sobre el estatus migratorio de uno solamente si esa persona es sospechada de otro delito.

Dicen los críticos que si el proyecto de ley mencionado en Arizona llega a ser ley, daría luz verde a un mayor perfilamiento racial y étnico por parte de agentes de policía locales y municipales.

David V. Hernández, vicepresidente ejecutivo de la AFL-CIO de Arizona y director ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Maricopa, dijo en una entrevista telefónica que "Arizona se está volviendo cada vez más un estado policíaco. El público en general se encuentra cada vez menos seguro en nuestras propias comunidades y teme a nuestro propio gobierno. Es muy preocupante, especialmente para todos los latinos del estado".

Señala Hernández que "Es la gente con menos poder que siguen siendo las víctimas más fáciles de tales medidas draconianas, y los ciudadanos estadounidenses se sienten menos iguales debido a tales leyes".

Agrega Hernández que a nivel de base hay mucha gente luchando por los derechos del inmigrante. Sin embargo, últimamente en las manifestaciones pro-inmigrantes, en las que participan grupos civilizados y no violentos, se ha notado siempre más hostilidad agresiva por parte de lado opuesto.

"La tolerancia a la intolerancia es cada vez más la norma y los medios de comunicación aquí siguen prestando credibilidad a los grupos anti-inmigrantes que dicen estar tomando medidas enérgicas contra 'extranjeros ilegales,'" dijo Hernández.

Hernández dice que fue detenido por la policía en dos ocasiones, y en una ocasión fue esposado y expuesto a revisión corporal frente a sus hijos que estaban con él en el auto. Dijo que fue interrogado sobre su ciudadanía, pero nunca se le dio ninguna multa y eventualmente fue puesto en libertad.

"Para comenzar, yo nunca debía haber sido detenido", dijo.

La policía local no está capacitada para tratar de asuntos federales de inmigración, dice Hernández.

"La gente necesita que se le recuerde de cuáles son nuestros valores como estadounidenses: un conocimiento básico de los derechos humanos, que a todos se les debe tratar con dignidad y respeto", dijo.

Mientras tanto, este jueves el Servicio de Inmigración y de Aduanas norteamericano [ICE, o "hielo," por sus siglas en inglés] arrestaba a 47 personas en Phoenix, diciendo que actuaba contra una red de traficantes de ilegales que supuestamente utilizaba empresas de transporte para facilitar el ingreso a miles de inmigrantes por la frontera Arizona-México hacia el norte de EEUU.

En una teleconferencia el viernes, Isabel García de la Coalición por los Derechos Humanos basada en Tucson dijo que más de 800 agentes del ICE llevando pasamontañas y portando armas cargadas lideraron el ataque convirtiéndose esto en la mayor acción policíaca en la historia reciente.

"Esta manifestación masiva de fuerza tuvo como propósito el aterrorizar a nuestras comunidades", dijo García.

Declaró García, "Estamos exigiendo respuestas a la administración Obama y al Departamento de Seguridad de la Patria, porque lo que está pasando en Arizona es simplemente inaceptable". Activistas pro derechos migratorios dicen que lo que hace falta es el liderazgo a alto nivel para hacer lo correcto, por controversial que sea; una reforma total del sistema migratorio del país. Si el gobierno federal no lo consigue hacer, esto deja abierta a los legisladores estatales como los de Arizona una oportunidad para tomar sobre sí mismos la facultad de pasar leyes draconianas contra los inmigrantes, sostienen estos activistas.

"Con lo mal que van las cosas, sólo va a empeorarse si el presidente Obama o la Secretaria de Seguridad de la Patria, Janet Napolitano, no toma una posición de antemano, lo que sería correcto", dijo Hernández.

"No podemos permitir que sigan así los que actúan a nivel estatal saliendo con tal locura que viola a nuestros derechos constitucionales más básicos", dijo

"Simplemente no parece existir por allá la valentía como para llegar a resolver el tema de la reforma migratoria, y mientras más tiempo se dejan inadvertido los sentimientos anti-inmigratorios, llegan a ser más aceptados" añade Hernández.

Y Arizona, con sus tácticas de terror anti-inmigrante en curso, con una creciente desconfianza en la policía y una clara intolerancia, puede llegar a ser programa piloto para el resto del país, dice Hernández.

Líderes pro derechos civiles están instando al gobernador de Arizona Brewer a vetar la ley, que según ellos, abriría la puerta a una discriminación injusta tanto contra los inmigrantes que contra ciudadanos norteamericanos por igual. Hasta que el Congreso no apruebe una reforma migratoria, los estados seguirán tomando asuntos en sus propias manos y las comunidades y las familias seguirán siendo aterrorizadas, agregan.

"La urgencia de componer este sistema estropeado no puede ser exagerada", dijo la presidenta del Consejo Nacional de la Raza, Janet Murguía, en un comunicado de prensa reciente. "Cuanto más tiempo pasa, se desintegran más familias, se niegan más oportunidades para la educación, y se erosionan más los valores tradicionales norteamericanos", dijo.

Foto: Warren Stewart, pastor de la Primera Iglesia Bautista Institucional en Phoenix, dirige a la multitud en un mitin en el Capitolio de Arizona en Phoenix contra un proyecto de ley de las leyes migratorias, 20 de abril. Amanda Lee Myers/Prensa Asociada.

Veteranos de guerra inmigrantes se enfrentan a la deportación

Mon, 12 Apr 2010 11:30:00 +0000

En 350 centros de detención a través del país, hasta 1.000 veteranos de guerra nacidos en el extranjero, residentes permanentes pero todavía no ciudadanos, esperan la deportación.

Los veteranos militares, muchos de ellos víctimas del desorden de estrés postraumático luego de haber servido en Vietnam, Irak y Afganistán, cometieron crímenes graves después de recibir su separación honorable (franca libertad). Bajo la ley existente exigen estas condenas una deportación automática. Un alto porcentaje de las condenas están relacionadas con las drogas.

Algunos 32.000 inmigrantes ya guardan prisión por varias ofensas esperando ser deportados a sus países de origen.

Uno de estos detenidos es Rohan Coombs, ex Marine nacido en Jamaica que peleo en el Operativo "Tormenta de desierto" [la primera guerra del Golfo]. Coombs, que sufre de estrés postraumático, fue condenado por posesión de mariguana. Luego de servir su condena en la prisión, fue entregado a las autoridades migratorias, informa Democracy Now.

Coombs, quien se alistó en los Marines en 1988, fue informado por sus oficiales comandantes que "era ciudadano por haber prestado juramento de soldado y por haber sido informado que era propiedad de EEUU y que eso lo hizo ciudadano. Ahora el juez en su caso lo dice que el no es ciudadano y que debe ser deportado a un país que ni ha visitado por más de 30 años.

El veterano de guerra se encuentra en este momento detenido en una facilidad de El Centro, California.

Su caso y los de otros están siendo peleados por el National Lawyers Guild (Gremio Nacional de Abogados) con el apoyo de otros grupos de apoyo a veteranos militares. Alega el National Lawyers Guild "que los veteranos militares deben ser considerados como 'connacionales' norteamericanos porque en el momento de alistarse en las fuerzas armadas norteamericanos, tuvieron que prestar un juramento de lealtad muy similar al juramento de ciudadanía.

La ley de inmigración enmendada de 1996 amplió la definición de "crímenes serios" por los cuales una persona puede ser deportada.

La propuesta de ley HR 2988 ha sido introducida en el Congreso para dirigiese al problema. Enmendaría esta propuesta "el Código judicial de Estados Unidos para declarar claramente que lactivos de las fuerzas armadas de EEUU son connacionales no ciudadanos, y para pedir al Departamento de Seguridad Patria una suspensión de sus expulsiones de los Estados Unidos de América".

Un sitio de Internet ha sido establecido para difundir apoyo:
http://banishedveterans.intuitwebsites .com/index.html

Foto: Rohan Coombs, izquierda, se alistó en los Marines en 1988 y fue enviado a Irak unos años después. Mientras estaba en los Marines, solicitaba ciudadanía pero fue informado de que "Tú ya eres propiedad del gobierno de Estados Unidos y eso te hace ciudadano". (Sitio de Web BanishedVeterans)