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Snowden revela la disputa estadunidense por Centroamérica

Mon, 26 Aug 2013 15:45:00 +0000

Detrás de la militarización de las policías de Guatemala, Honduras y El Salvador, y de la instalación de centros de espionaje en esas tierras, se encuentra la intención estadunidense de controlar los océanos y aguas territoriales para asegurarse rutas comerciales y militares.

El Salvador. Los centros estadunidenses de espionaje cibernético en Centroamérica son pieza del tablero complejo de la seguridad hemisférica. En el triángulo del norte -Guatemala, Honduras y El Salvador- se instalaron desde hace al menos una década bases de operaciones militares y policiales con diferentes fines.

En una publicación reciente en el diario británico The Guardian, el contratista Edward Snowden reveló que existen 150 sitios y 700 servidores en el mundo donde se han instalado centros de monitoreo continuo y sistemático de la National Security Agency (NSA). Todos los países centroamericanos, excepto Nicaragua, cuentan con uno. Es típico en aquellos de renta baja y que en el pasado reciente sufrieron la intervención militar y contrainsurgente de los Estados Unidos, potencia que considera a esta región como su área natural de influencia.

En Guatemala, los servicios de la Agencia Antidrogas norteamericana (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) operan con mecanismos de monitoreo -en teoría- contra el narcotráfico, pese a que ese país se encuentra envuelto en una espiral de violencia, control de territorios por el ejército y el crimen organizado, y la acción encubierta de la agencia antinarcóticos.

En El Salvador, desde el 2005 se instaló la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), que se dedica a la formación de policías del mundo en tareas de reacción inmediata, control de población y aplicación de la Ley, para "profesionalizar" a los órganos de seguridad de cinco regionales del planeta.

Defensores de los derechos humanos en El Salvador, como el Centro para la Promoción "Madeleine Lagadec", afirman que se trata de una nueva Escuela de las Américas, que prepara "gorilas" y represores bajo la fachada de policía civil y operativa la prevención. Se registran varias acciones sociales con el fin de cerrar la Academia.

Mientras en el mundo los ejércitos formales y clásicos se desarticulan y mutan hacia el cumplimiento de tareas distintas a la defensa nacional, las policías cada vez más ocupan tareas militares. Se trata de la militarización de la seguridad pública en la mayoría de los países del mundo, además del componente de contrataciones privadas de la seguridad en tareas militares y policiales.

En El Salvador operó años atrás, con la protección de los gobiernos del derechista partido político Arena, una agencia de la temible Black Water, corporación militar privada estadunidense que fue objeto de investigaciones en su país por sus acciones en el reclutamiento de mercenarios que operaron después de las intervenciones en Irak y Afganistán. Además, la base militar de Comalapa sigue en funcionamiento. Ahí aterrizan aviones y helicópteros provenientes de los Estados Unidos, en una zona considerada estratégica frente al Océano Pacífico, dedicada al control de aguas territoriales de la plataforma continental.

En Honduras se encuentra la base aérea militar estadunidense más grande del continente fuera de sus fronteras. Lleva el nombre de "José Enrique Soto Cano" y allí opera la Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, en la zona de Palmerola. Este puerto logístico sirvió de base para la operación de golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.

Los Estados Unidos financian una moderna autopista que unirá la capital Tegucigalpa con los límites de Palmerola, con el fin de integrar la zona considera "Canal Seco" -que unirá el puerto salvadoreño de Acajutla con Puerto Cortés de Honduras en el Mar Caribe.

Todos estos elementos configuran un proyecto de integración-subordinación regional centroamericana a la órbita estadunidense, que permite la operatividad militar y comercial. Se trata de hacer de la región una base de operaciones a través de los dos océanos intercontinentales, el Pacífico y el Atlántico.

La finalidad de la integración-subordinación es el control de los océanos y aguas territoriales. Cada vez es más visible que se pueden desencadenar en el mediano plazo guerras locales y continentales por las rutas comerciales marítimas, sobre todo en el Pacífico, zona de mayor actividad que ha desplazado la hegemonía atlántica que duró más de 500 años.

Estados Unidos mantiene el objetivo de consolidar su hegemonía vía el arco del pacífico, manteniendo a Canadá y México atados a su órbita imperial. La senadora estadunidense Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia de esa cámara, denominó a Estados Unidos, Canadá y México como "La Patria", y presentó un mapa donde une a los tres países. La intención es ya marcar posesión de territorios, cultura y población.

Centroamérica, entonces, será en proyección su base de operaciones que también está en disputa: recientemente, China y Brasil lanzaron proyectos para apoyar un canal interoceánico en Nicaragua; Costa Rica mantiene relaciones activas con China, y Panamá se encuentra en disputa por el futuro del canal.

Las revelaciones que indican el espionaje cibernético tienen su base en la geopolítica militar estadunidense. El estado de las relaciones intercontinentales e internacionales apunta a un mayor control de informaciones.

Las revelaciones de Snowden indican que el espacio virtual es un espacio de acciones militares imperiales. Centroamérica y sus espacios cibernéticos, además de sus territorios, se encuentran bajo monitoreo permanente.

Coordinadora salvadoreña de solidaridad por Cuba

Foto: Manifestantes en Brasil sostienen recortes representan Edward Snowden. Carteles en Portugués dicen: "Libertad para los defensores de la libertad." La protesta fue en frente del palacio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Brasilia, el 18 de julio. Los manifestantes mostraron su descontento contra el gobierno por haber rechazado la solicitud de asilo de Snowden. Eraldo Peres / AP

"Sin papeles y sin miedo"

Mon, 05 Aug 2013 15:06:00 +0000

Nueve "Soñadires" ("dreamers") - jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños- fueron detenidos en Arizona cuando intentaban reingresar a Estados Unidos desde México en desafío a las políticas migratorias del gobierno de Barack Obama.

Porque eso es lo que hicieron: regresar a México después de años, llegar a un punto oficial de cruce de la frontera entre los dos países e intentar regresar de manera legal a Estados Unidos.

Con esta acción coordinada por la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA, por sus siglas en inglés),los jóvenes quieren llamar la atención sobre las más de 1,5 millones de personas que han sido deportadas durante la presidencia de Obama.

Entre los detenidos hay tres jóvenes que regresaron voluntariamente a México para liderar está acción. Junto a ellos también fueron detenidos seis jóvenes que fueron expulsados de EE.UU. pese a haber vivido gran parte de su vida en el país.

El Presidente se mostró bastante compasivo con estos "soñadores" en junio de 2012, cuando anunció la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de liberar a 800,000 de ellos de la amenaza de ser deportados: "Imagínense que siempre han hecho todo bien a lo largo de su vida: fueron buenos estudiantes, trabajaron mucho, quizá hasta fueron los mejores de su clase, y luego han tenido que enfrentar la amenaza de ser deportados a un país del que no saben nada, donde se habla un idioma que quizá no manejan. No tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos que, a todos los efectos, son estadounidenses, fueron criados como estadounidenses, se consideran parte de este país".

Muchos celebraron el anuncio, pero luego le exigieron al presidente que cumpliera con su promesa.

Desafortunadamente, cada vez más y más son los jóvenes deportados, y son decenas de miles las familias divididas por la política de deportación.

Es aquí donde entran en escena los movimientos sociales que se necesitan para lograr un cambio significativo, que a menudo conlleva un gran riesgo personal.

A lo ancho de Estados Unidos, los defensores de los derechos de los inmigrantes, que están bien organizados, participan cada vez más en actos de desobediencia civil, en particular los jóvenes inmigrantes que, arriesgándose a ser deportados por las autoridades, se presentaron e identificaron en público en marchas y ante políticos.

El año pasado varios jóvenes indocumentados se hicieron detener para poder ingresar al Centro de Detención Broward, una cárcel en Florida a donde son enviados los inmigrantes indocumentados antes de ser deportados. El objetivo era entrevistar a los detenidos. Allí se encontraron a decenas de personas que reúnen los requisitos para ser liberados en virtud de las políticas del Presidente Obama, pero que, sin embargo, se pudren en la prisión, informó Democracy Now.

Hoy en día, muchos jóvenes ejercen presión para que el presidente Obama apruebe la Ley DREAM.

A finales de 2010, la trayectoria de miles de jóvenes confluyó en la lucha por aprobar el Dream Act, que después de más de 10 años pendiente en el Senado, fracasaría. Pero a diferencia de otras batallas legales, aquella la liderarían los propios "dreamers", aunque el precio fuera la deportación tras revelar que carecían de documentos.

Aquella iniciativa nació de la frustración con decenas de organizaciones nacionales que abogaban por la reforma pero que no representaban del todo sus intereses. Algunas de ellas prefirieron dejar de presionar por el Dream para no "arriesgarse" a impedir el avance de una reforma migratoria amplia, como la que se negocia estas semanas.

Sin embargo, la acción de los jóvenes inmigrantes en la frontera pone sobre el tapete las contradicciones de una retórica oficial sobre la prioridad de apoyar y fortalecer al núcleo familiar y la práctica de la deportación sistemática.

Vestidos con togas azules, verdes y negras y con birretes de graduados universitarios, los nueve "dreamers" fueron detenidos en Arizona cuando ponían a prueba el programa gubernamental Acción Diferida.

Lo que pase ahora con los jóvenes dreamers dependerá de las decisiones que tome el Departamento de Seguridad Nacional y el Gobierno de Barack Obama. "Ellos tienen la última decisión, según le parezca, sobre a quien deja entrar y a quien no. Ellos toman la decisión caso por caso. Entonces ellos, esencialmente, van a demostrar que son personas buenas, que estudian, que tienen una vida acá. Y si es verdad que el gobierno los apoya debe dejarlos entrar", según los abogados especialistas.

Sin embargo, una de las posibilidades es que le nieguen la entrada. O que ingrese a un limbo burocrático que tarde meses.

"De todas maneras yo tengo confianza en la comunidad, que va a responder. Ahí está mi fe. Y vamos a luchar hasta el último momento para poder lograr esto", dijo Lizbeth Mateo, una de las jóvenes detenidas, quien desde los 14 años vive en Los Ángeles, ciudad en la que se graduó en estudios chicanos.Sin embargo, ella y otros dos jóvenes latinos -en su misma situación- decidieron arriesgarlo todo, regresar a México después de años e intentar regresar de manera legal a su país de adopción.

Foto: "Dreamers", vestidos con sus togas y birretes de graduación de la escuela, para mostrar su deseo de terminar la escuela en los EE.UU., marcha con los brazos vinculados al puerto de entrada de EE.UU. donde planeaban solicitar parole humanitario, en Nogales, México, 22 de julio de 2013. Samantha Sais / AP