People Before Profit blog

No fue accidente, sino homicidio

Fri, 31 Aug 2007 09:05:00 +0000

Jack Spadaro, experto en cuestiones de seguridad en las minas, acusa a Robert Murray, dueño de las minas en Crandall Canyon, Utah, donde están atrapados seis mineros, de homicidio. Spadaro dice que la Agencia de Seguridad y Salud en las Minas (MSHA por sus siglas en inglés) bajo el dominio del gobierno de Bush es complice en el homicidio.

“Nada de esto debiera haber pasado”, dijo Spadero, su voz temblando de coraje. “Murray mató a estos mineros en el colapso y, después, en el rescate. Los rescatadores estaban trabajando bajo las mismas condiciones que causó el colapso. La MSHA tiene complicidad. Murray es un criminal”.

En 2004, Spadero se jubiló después de servir como el director de la Academia Nacional de Salud y Seguridad en las Minas, el centro principal para adiestrar a los inspectores federales de minas. Bajo el liderazgo de Spadaro el entrenamiento aumentó y los cursos fueron modernizados. La matrícula aumentó de 17.000 a 30.000 anual.

Spadaro compartió sus 38 años de experiencia como ingeniero en las minas de carbón, pericia ambiental, sobre inspecciones de minas y legal con una nueva generación de inspectores.

Él dijo que las crecientes muertes en las minas era el resultado de lo nombramientos del gobierno de Bush y su política de “cuidar a la industria”.

En el 2006, 47 mineros fueron a trabajar y nunca regresaron, el número más alto de muertes en las minas desde 1995. Para mitad de agosto han muerto 17 mineros, sin incluir los que están atrapados en Utah.

El 6 de agosto la mina de Crandall Canyon colapsó, atrapando a seis obrero casi 2.000 pies debajo de la montaña. A pesar de continuo movimiento de la montaña, el dueño Murray ordenó un rescate por la misma entrada que se había colapsado.

Los rescatadores sacan carbón tratando de llegar a los hombres atrapados. Ese carbón tiene un valor de cientos de miles de dólares que fueron a la compañía Murray Energy. No había una segunda entrada en Crandall Canyon, ni una vía de escape.

Gary Jensen, un inspector entrenado por Spadaro, murió en los esfuerzos de rescsate, junto con Dale Ray Black y Brandon Kimber. Estas son las primeras muertes de rescatadores en cien años de minar carbón en Utah.

“Yo hablé con Gary y él le advirtió a Murray Energy que la operación era muy peligrosa”, dijo Spadaro. A pesar de advertencias y citaciones por la MSHA en mayo, la compañía ordenó a los mineros seguir usando el método de extraer el carbón que llaman en inglés “retreat mining”.

Este método deja columnas de carbón que sostienen el techo y después extraen ese carbón al revés de la parte más lejos a la entrada hasta la entrada que colapsa el techo.

“Murray compró esta mina en agosto 2006”, continuó Spadaro. “La compañía anterior había dejado las operaciones porque ellos decidieron que era muy peligroso. Ellos usaban el método responsable de muro largo y el único carbón que quedaba era en la columnas. Son grandísimas, mide 120 pies de altura y 80 pies de ancho. Ese fue el carbón, o sea, las ganancias que Murray quería. Es extrayendo a lo barato”.

Le tomó a Murray Energy solo dos días para conseguir el permiso de l Distrito Occidental de la MSHA para extraer el carbón con el método “retreat mining”.

La indignación de mineros, residentes locales, oficiales público elegidos, y el sindicato de mineros hizo que la compañía Murray Energy reanudara el rescate después que habían anunciado que lo estaban cesando para seguir con la producción. Aunque los mineros en Crandall Canyon no están afiliados al Sindicato de Obreros de las Minas, las leyes federales permite al sindicato representar a los mineros cuando hay cuestiones de salud y seguridad.

Para el 28 de agosto se había taladrado un hoyo desde la cima de la montaña para bajar una cámara fotográfica robótica en el pozo en busca de los mineros atrapados.

La MSHA ordenó a Murray Energy parar la producción en la cercana Tower Mine que tiene una profundidad de 2.200 pie, una de las más profunda en el país. Murray le dio de baja a 170 obreros y les ofreció empleo en Illinois y Ohio.

El gobernador Jon Huntsman, que ha estado en el sitio del desastre desde el 6 de agosto, creó por primera vez en la historia la Comisión de Seguridad en las Minas de Utah. Esta incluye a Dennis O’Dell, representante del sindicato de mineros. La comisión empezó una investigación del colapso de la mina.

Para principios de septiembre, el Senado de Estados Unidos tiene vista públicas programadas sobre el desastre.

Antiterroristas cubanos apelan de Nuevo

Fri, 31 Aug 2007 09:03:00 +0000

Unos 75 juristas, abogados y partidarios de los Cinco Héroes cubanos estuvieron presente el el Tribunal de Apelaciones en la ciudad de Atlanta para presenciar la vista en favor de los cinco el 20 de agosto.

El 12 de septiembre los cinco — Gerardo Hernández, Ramon Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González — empiezan su noveno año de encarcelamiento. Ellos fueron declarado culpable el 8 de junio 2001, después de pasar 17 meses incomunicados en la cárcel, por “conspiración a espionaje”. Por un total de cuatro sentencias de cadena perpetua más 75 año están en diferente presidios federales. El jurado en Miami también declaró a Hernández por conspiración de asesinar a pilotos derrumbados durante un vuelo ilegal sobre territorio cubano por cubanoamericanos exiliados.

En una entrevista en el programa noticioso Democracy Now, el abogado defensor Leonard Weinglass dijo que esta fue la primera vez en la historia estadounidense donde la acusación de conspiración para cometer espionaje se ha formulado en contra de un individuo. Abogados dicen que las acusaciones de conspiración abre la puerta a permitir el uso de rumores e eviencia circunstancial.

Antes de ser arrestados, los cinco estaban en Florida para buscar información de que hacían terroristas paramilitares anticubanos para poner fin a los ataques que han resultado en la muerte de 3.478 individuos durante las últimas cuatro décadas, según los cubanos.

Hablando de la apelaciones, Weinglass dijo, “El gobierno admitió que no podían comprobar que estaban envueltos en espionaje... No hubo ni una sola página de documentos clasificados envueltos en este caso. Esto jamás ha pasado en un caso de espionaje”. Él citó testimonio de alto oficiales estadounidenses que los acusados nunca tuvieron acceso a información que perjudicaba a los intereses de Estados Unidos.

“Este caso es el primer caso, en nuestra memoria colectiva, que será apelada por tercera vez”, dijo Weinglass. En agosto del 2006, el Tribunal de Apelaciones para el 11mo Circuito rechazó la demanda por un nuevo juicio basado en que el clima en Miami era perjudicial y por eso el juicio era inválido.

El 20 de agosto, los abogados de la defensa estaban bregando con cuestiones que todavía no se habían adjudicado: cuestión del derecho a un debido proceso, evidencia insuficiente para juzgar a los acusados por conspiración, y sentencias no apropiadas.

La decisión del Tribunal puede que no se sepa por meses, dijeron ls abogados. Ellos se sintieron alentados por lae reacción de la jueza Phyllis Kravitch a un informe de la defensa que reportó que el juez original del juicio aceptó 28 de las 34 objeciones durante el resumen final del fiscal. “Yo encuentro eso preocupante”, dijo ella.

El juez Stanley Birch dijo que respeto a la muerte de un piloto de Miami y la culpabilidad por conspiración para asesinato de Hernández, “Volar [un avión volando] sobre espacio aereo soberano no es asesinato”. En su primera apelacióen en el 2005, ambos Birch y Kravitch fallaron en favor de los cinco.

Al cierre la fiscal Carolyn Miller le pidió al Tribunal que lean los documentos del juicio que “mostrarán que los acusados [le tienen] odio a Estados Unidos”. Ella acusó a la defensa de inventarse “un cuento bueno... de atacar como comunista y macartismo” de parte del gobierno.

El juez Birch ordenó a la fiscalía a producir la transcripción de una reunión entre el juez del juicio y los abogados del gobierno al cual los abogados de la defensa estaban excluidos. Lo jueces también obligó a la fiscalía que presenten al Tribunal los documentos supuestamente clasificados que el juez del juicio vio pero no fueron enseñados a los de la defensa.

En 2005 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU declaró que usar evidencia secreta — cosa que puede ser en este caso — convierte al encarcelamiento de reos en cosa “arbitraria”. Birch indicó que después de ver los documentos los jueces de apelaciones van a requerir otra vista.

Entre los observadores de la vista del 20 de agosto estaba el juez chileno Juan Guzmán, un jurista conservador que apoyó a la dictadura de Augusto Pinochet aunque fue hecho juez por el gobierno de la Unidad Popular que Pinochet derrocó. Luego Guzmán encabezó las investigaciones y demandas en contra del mismo Pinochet.

Guzmán vio con beneplácito la apelación y dijo que los jueces estadounidenses deben de reconocer que los cinco cubanos antiterroristas son inocente de lo que se la acusa. Él también cocundenó la presión política al cual ambos los jueces y los del jurado fueron sometidos por el gobierno de Bush.

El creciente apoyo internacional forma gran parte de la lucha política para liberar a los cinco. Más de seis mil activistas e intelectuales del mundo entero, inclusive nueve premiados con el Nobel, firmaron una carta en 2005 al secretario de Justicia de EEUU exigiendo la libertad de los cubanos. Anterior, el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional le recordó al gobierno estadounidense que las restricciones a las visitas de familiares a los presos, que siguen en vigencia actualmente, eran inhumanas y en contra las leyes internacionales.

De acuerdo a Weinglass, “El sistema está teniendo problema digiriendo esta injusticia particular”.

Miles de puertorriqueños protestan presencia militar estadounidense

Fri, 31 Aug 2007 08:56:00 +0000

SAN JUAN, Puerto Rico — Una alianza que agrupa a miles de puertorriqueños procedentes de docenas de grupos pro independencia, religiosos, pacifistas, culturales y ambientalistas, sindicatos, partidos y movimientos políticos, organizaciones de juventud, de artistas, de feministas y activistas pro Vieques participaron este domingo pasado en una marcha pacifica a favor de la paz y contra la 129na Convención de la Asociación de la Guardia Nacional norteamericana que se celebró el fin de semana en San Juan.

La manifestación también clamó contra la guerra de Irak y Afganistán — en las que ya han muerto más de setenta puertorriqueños — y exigió que los puertorriqueños que estén destacados en ambos frentes sean devueltos a su patria.

Los coordinadores del evento criticaron la Convención de la Guardia Nacional por traer a Puerto Rico a más de cinco mil de sus miembros, y a congresistas norteamericanos, a generales de las Fuerzas Armadas, y al candidato presidencial del Partido Republicano John McCain. Vinieron acompañados por ocho de los fabricantes y distribuidores de armas y equipo de guerra mas importantes del mundo, que son las compañías Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, EADS y L-3 Communications.

También estuvo bajo fuego el gobierno de Puerto Rico por apoyar esta Convención que fomenta un turismo que promueve la muerte, la violencia y la destrucción. Se criticó, además, que el gobierno permitiera que el territorio nacional puertorriqueño “sea utilizado por militares y sus proveedores como un mercado abierto de armas biológicas, químicas y nucleares y equipo sofisticado para la guerra que se utilizan en Asia, África y el resto del mundo”.

Muchos de los manifestantes acusaron al gobierno de “no tener vergüenza por gastar dinero en festejar y agasajar a los militares cuando en Puerto Rico se está viviendo una crisis económica”.

Un dato elocuente sobre el espíritu de la Convención y el contraste con el pueblo afuera que fue dado a conocer por los medios de comunicación, y es que mientras afuera los manifestantes condenaban la guerra, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Peter Pace, decia en su mensaje a los miembros de la Guardia Nacional reunidos dentro del Centro de Convenciones que la intervención norteamericana en Irak se prolongara durante varias décadas, y que al final será una victoria ideológica para los norteamericanos.

La concentración culmina una jornada de actividades que se estuvieron llevando a cabo durante cada día de la Convención — 24 a 26 de agosto — para invocar la paz, condenar la guerra y la presencia de los militares estadounidenses con sus eventos y actividades de muerte y violencia.

Comunicado del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico.

Uribe juega ajedrez politico

Fri, 31 Aug 2007 08:53:00 +0000

Análisis

La senadora liberal Piedad Córdoba, enemiga acérrima del presidente Álvaro Uribe, fue designada por ese mismo presidente como facilitadora para un intercambio de prisioneros y retenidos civiles en Colombia entre el estado colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La noticia causó grandísima sorpresa en el país.

Uribe hizo una maniobra en la tabla del ajedrez político que no sorprende muchos, matando así, por lo menos cuatro moscas en un solo golpe:

La presión contra Uribe se alivia en momentos cuando quiere indultar a los matones del paramilitarismo y convertir esos psicópatas a “delincuentes políticos”, decisión rechazada hasta el congreso estadounidense.

El mal cálculo de Uribe sobre el tema del intercambio humanitario fue ilustrado en la Plaza Bolívar cuando entró el profesor Moncayo, padre de un oficial del Ejército que fue capturado en combate en 1997 cuando las FARC tomó y destruyó una base militar. La masa en la Plaza Bolívar le mandó a Uribe a “la Punta del Cerro” gritándole a la cara “Parraco, asesino, fascista”, etcétera. Y como no entra en la cabeza de Uribe que las calles son del pueblo y el pueblo, en su mayoría ni vota y menos vota por él, comenzó a regañar al profesor Moncayo en una forma más descarada.

Uribe no quiere tocar el asunto del canje de presos políticos y prisioneros de guerra respectivamente por nada y cuando llegó la senadora Córdoba hasta el palacio presidencial para exigirle el intercambio, el pícaro de Uribe designó su enemiga política en el congreso, como facilitadora especial para el acuerdo humanitario.

Y como la senadora ya había estado en Caracas, hablando con Chávez, este aceptó aportar para el tema. Uribe mandó el tema a Caracas.

Todos los conocedores de este tema saben perfectamente bien que las maniobras de Uribe también punta contra Chávez que desde el primer momento ha ofrecido todo tipo de aportes para facilitar, tanto en el proceso de paz como un canje de prisioneros en Colombia. La diferencia entre Chávez y la senadora es obvio; Chávez es hombre de Estado y la senadora, muy admirable por su denuncias de los nexos entre Uribe y el paramilitarismo, es una pieza ahora que Uribe mueve hacia donde él le parece conveniente.

Chávez no solamente se limitó de proponer hablar con todos los “actores” sino también debatir el Plan Colombia y la guerra en general que ha traído ese plan para, no solamente el pueblo colombiano, sino toda la región, porque, como decía Chávez, es que la Casa Blanca “quiere esa guerra”.

Uribe y las administraciones anteriores en Bogotá han tratado siempre a través las “terceras personas” desplazar el conflicto social y armado en Colombia al exterior, menos cuando se trata de la base social y militar de Uribe, el paramilitarismo y la parte militarista de la oligarquía colombiana, llamada parapolítica de los cuales más de una decena están encarcelados por esos nexos. Hace lo mismo ahora con la designación de Córdoba como facilitadora y lo primero que hace ella es tomar un vuelo a Caracas para pedirle al mandatario venezolano, que ejerza su influencia política que coincide con la política de la guerrilla de las FARC, así darle a Uribe un espacio y un alivio para poder respirar un poco y crear una nueva cortina de humo sobre el tema del canje de prisioneros y presos.

Pero sabemos que las FARC no caen tan fácil en esa trampa arreglada por Uribe. Se siente que la senadora también está consciente sobre el peligro que significa aceptar ese papel que le designó Uribe, por eso subraya en una crónica en el periódico El Espectador, que ella sola no puede hacer nada, sino tiene que ir acompañada con las grandes masas colombianas e internacionales para así hacer entender que el clamor para el canje es muy grande.

Si sabemos que Uribe no acepta otra cosa que un gesto unilateral de la guerrilla de entregar sus 70-80 prisioneros de guerra (solamente oficiales del ejército y policías capturados TODOS en combate, más los políticos civiles retenidos y en calidad de rehenes para el intercambio) o una capitulación total, entonces, ¿que podrían hacer Córdoba y Chávez?

Sabemos que la política desde el primer momento de Uribe ha sido el aislamiento de la insurgencia, y lo ha logrado en tal sentido que en este momento no hay ningún integrante de la Comisión Internacional de esa guerrilla visible en el exterior. Y eso ha sido una política consciente de Uribe para así impedir cualquier contacto de esa comisión con el mundo y la Comunidad Internacional.

Antes había representantes tanto en México y en Caracas como en el continente europeo que frecuentemente intercambiaban opiniones con las diferentes cancillerías. Ahora todas esas puertas o puentes por cualquier emergencia están cerradas, y Uribe esta muy contento.

El presidente venezolano sabe perfectamente bien la estratégica de Uribe en ese sentido; impedir cualquier posibilidad de charlar directamente con los representantes guerrilleros, que se pudo hacer, por ejemplo, en Caracas hasta la ruptura del proceso de paz el 20 de febrero 2002. Y eso fue durante la administración anteriores de Chávez.

Pues, entonces, ¿Qué hacer? ¿Qué puede soltar el nudo de puertas y posiciones cerradas y bloqueadas?

Chávez, para poder hablar con la guerrilla como ha expresado, podría dejar el espacio abierto en su territorio para que las FARC abran una Oficina de Información (o llamase cualquier cosa) en Caracas para facilitar, en primer lugar, los contactos y poder sentarse allá para sondear que se puede hacer para crear los mecanismos y factores materiales, como lo de despejar los municipios Florida y Pradera por el tiempo necesario y ahí pactar los acuerdos del intercambio, si se lleguen a materializar.

A Uribe no le va a gustar. Fue obvio cuando Rodrigo Granda (secuestrado en Caracas por los agentes de Uribe en 2004 y llevado en un baúl de carro hasta la ciudad colombiana Cúcuta) propuso que quiera ir a Caracas después de que el presidente francés le propuso a Uribe de liberarlo. Pero Uribe negó rotundamente, sabiendo que Granda allá podría hacer mucho trabajo político, ser el enlace y el puente entre el Secretariado de las FARC y el mundo.

Por eso Granda fue enviado a Cuba, en donde, sin embargo, es más difícil de regresar a Colombia o dar declaraciones.

Dick Emanuelsson es reportero sueco en Latinoamérica y el Caribe y ha cubierto el continente desde el 1980. Cubre los temas de los conflictos sociales y políticos de los pueblos.

Veredicto sobre Padilla causa inquietud

Fri, 31 Aug 2007 08:51:00 +0000

José Padilla, un ciudadano estadounidense de padres puertorriqueños y un converso al Islam, fue declarado culpable por un jurado federal en Miami el 16 de agosto de tres cargos de conspiración y apoyo material al terrorismo. Es posible que el fallo sea apelado.

No obstante, el caso sigue siendo un elemento central de las acusaciones de que el gobierno de Bush se ha vuelto loca en sus ataques en contra del proceso judicial justo.

Padilla fue detenido en el aeropuerto O’Hare de Chicago el 8 de mayo de 2002. El motivo original cuando lo arrestaron fue que era un “testigo material” a los eventos que culminaron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Pero un mes más tarde el entonces secretario de Justicia John Ashcroft anunció que Padilla era un operativo de Al Qaeda de gran importancia, asignado a detonar una bomba “sucia” (radioactiva) en una ciudad norteamericana. Más tarde, el gobierno dijo que Padilla planeaba volar en el aire edificios de apartamentos, usando gas natural, y que había estado en Afganistán con los máximos líderes de Al Qaeda en 2001.

La nación esperaba ansiosamente para que tales acusaciones se convirtieran en cargos oficiales, y por la evidencia que sin duda se iba a presentar en el juicio. Pero el gobierno, de inmediato, aseveró que tiene el derecho de encarcelar a Padilla en forma perpetua sin juicio y sin presentar evidencia por ser un “combatiente enemigo ilegal”. El gobierno dijo que derivaba tal autoridad de la legislación aprobada por el Congreso que autoriza que el gobierno tome cualquier acción que sea necesaria para tomar medidas en contra de las personas y los gobiernos responsables por el 11 de septiembre. De modo que Padilla, un ciudadano detenido en terreno estadounidense, quedaba como preso sin acusación formal y sin juicio, y al comienzo ni siquiera le permitían ver a sus parientes y sus abogados por dos años. Los abogados de Padilla han acusado al gobierno de haberlo sometido a tortura en la forma de bombardearlo con ruidos fuertes y calor extremo, de obligarlo a parar o sentarse en posiciones incomodas durante horas, y someterlo a aislamiento social y de los sentidos. Expertos de la defensa aseveraron que en hacer todo esto a Padilla, le han dañado su mente.

Los abogados de Padilla montaron un reto fuerte al gobierno, pero los resultados fueron mixtos. En 2005 el caso iba rumbo al Tribunal Supremo, que había indicado cierto escepticismo sobre las posiciones del gobierno en cuanto al poder sin límites. Así fue que en noviembre de 2005, el gobierno de repente hizo una acusación criminal formal en contra de Padilla, que tuvo el resultado que el Tribunal Supremo pusiera a un lado su considerar si la previa detención sin juicio fue legal o no.

Pero lo de las “bombas sucias”, de los apartamentos volados y de ser un instrumento de alto rango de Al Qaeda, se esfumaron completamente de las acusaciones en contra de Padilla. En lugar de eso, el gobierno acusó a Padilla y dos otras personas de conspiración de matar gente en Chechnia y Bosnia y de proporcionar ayuda material al terrorismo.

La evidencia en contra de Padilla fue poca, y consistía de una solicitud de participar en un campo de capacitación militar administrado por Al Qaeda que llevaba los huellas digitales de Padilla, más conversaciones telefónicas en las cuales se supone que el apoyo para el terrorismo fue discutido en “código”.

Los medios masivos y algunos académicos alabaron al fallo de “culpable” como un triunfo de la justicia que compruebe que no era necesario encarcelar a Padilla sin juicio para combatir al terrorismo, pero otros todavía están inquietos:

• El uso de cargos de “conspiración” sin evidencia alguna de actos criminales concretos pueden ser abusados fácilmente, como puede resultar de pláticas sueltas y un acto de llenar un expediente puede producir el resultado de una sentencia de cadena perpetua.

• Comunicación supuestamente en “código” en la cual el gobierno puede aseverar que palabras como “calabaza” o “berenjena” significan armas de destrucción masiva, tiene una historia triste desde los tiempos de Joseph McCarthy cuando el gobierno que palabras significaban cosas que el gobierno quería.

Pero el mayor problema con el caso Padilla es que a un ciudadano estadounidense lo arrestaron en territorio nacional y lo encarcelaron en condiciones terribles por cinco años sin haberlo encontrado culpable de ningún crimen alguno. Y el gobierno de George Bush dice que tenia que mantenerlo así en perpetuidad simplemente por haberlo declarado un “combatiente enemigo ilegal”, lo que constituye un ataque en contra al derecho de hábeas corpus. Y cuando de repente el gobierno lo acusó formalmente por cargos menores, evadió su responsabilidad por sus actos altaneros una vez más.

Un Llamado a la Acción en Defensa de los Trabajadores Inmigrantes

Wed, 29 Aug 2007 07:04:00 +0000

La declaración del 10 de agosto por parte de la administración de George Bush de una política anti-inmigrante más represiva, si se lleva a cabo, producirá condiciones fascistoides para los 12 millones de trabajadores indocumentados y sus familias. El impacto de la nueva política, que busca criminalizar a los indocumentados, bajara el nivel de vida para la gente de clase trabajadora, y minará a la democracia, dando una luz verde al racismo, opresión nacional y toda clase de intolerancia. El mayor impacto de este ataque viene en contra de la gente mas pobre, menos poderosa y socialmente más aislada en esta nación: trabajadores indocumentados y sus hijos. De estos, la inmensa mayoría vienen de América Latina, la zona Afro-Caribeña, Asia, las Islas del Océano Pacifico, África y el Medio Oriente, pero hay bastantes de todos los países del mundo. El impacto indirecto de la nueva ola de represión tendrá un impacto tremendo en las zonas metropolitanas grandes y de ahí se difundirán a todos rincones de este país.

Impacto económico

La política más peligrosa es la conversión de la Administración de Seguro Social, junto con los empleadores en herramientas de acción policíaca. A los empleadores les obligarán a que despidan a los trabajadores cuyos números de Seguro Social no conforman a la información en los archivos. El resultado será la despedida de millones de trabajadores inmigrantes y muchos ciudadanos. Muchos patrones aprovecharán de las nuevas reglas para acciones anti-sindicales. Crecerá la discriminación en el empleo. A los trabajadores les empujarán a trabajos con menores salarios y peores condiciones de trabajo, que tendrá una tendencia de minar los salarios en general. Familias y vecindarios de clase trabajadora son los que mas sufrirán. Muchos negocios específicos padecerán un impacto negativo pero las empresas e inversionistas sacarán ganancias de la baja de salarios. La integridad del sistema de Seguro Social que tiene contribuciones de, y da beneficios al mayor numero de personas será dañado por las políticas castigadoras.

Maquinaria de represión

La nueva política de Bush viene encima de un aumento de cien por ciento o más de las redadas y deportaciones desde las mega-marchas. Incluye un aumento de la militarización de la frontera, con corporaciones como Boeing y Halliburton sacando grandes ganancias de los contratos para mecanismos de vigilancia fronteriza y nuevas cárceles para la detención de inmigrantes. Deportaciones más rápidas con menos atención a los procesos legales básicos, supervisión por las cortes y derechos civiles tendrán la tendencia de atemorizar a los millones que corren el riesgo de ser deportados, además de sus familias, los sitios donde trabajan y sus comunidades. A las agencias locales de policía les proporcionan cada vez mas responsabilidad en la cuestión de inmigración lo cual conlleva mas represión y abusos. Las medidas duras también dan la luz verde a más iniciativas anti-inmigrantes al nivel estatal y municipal. Políticas más estrictas de naturalización y reglas más duras para los residentes permanentes extienden la represión más profundamente dentro de la población inmigrante y el pueblo inclusive en el movimiento laboral.

Metas políticas

El momento que ha escogido la administración de Bush para imponer medidas duras coincide con el receso del Congreso con su liderato demócrata y mientras que los precandidatos presidenciales de 2008 empezaron a enfocarse en las elecciones primarias de 2008. “Obediencia a las leyes” y “seguridad nacional” forman el disfraz de convertir en chivos expiatorios a los que carecen de poder, echando la culpa y criminalizando a las victimas.

Las tácticas especiales que se utilizaron para detener y deportar a la activista pro-derechos inmigrantes va con la táctica de quedar bien con los peores elementos anti inmigrantes como táctica para consolidar la base republicana. El movimiento rabioso y ultra reaccionario en contra de los inmigrantes ya es la norma en el programa político de los republicanos. Lo que dicen los “Minutemen” hoy, los congresistas republicanos repiten mañana. La guerra injusta y fracasada en Irak, la caída de los niveles de vida, la inestabilidad económica, la desigualdad que aumenta cada día, los crisis a nivel estatal y municipal y otros males de la nación son un pronóstico muy negativo para los candidatos republicanos en 2008. La histeria en contra de los inmigrantes es ahora la herramienta principal que utilizan para sembrar los divisionismos que les han resultado provechosos en el pasado.

La complicidad de medios masivos difamatorios

Esta ofensiva anti-inmigrante tiene el respaldo de una campaña cada vez mas violenta y descarada en los medios masivos que tienen una influencia en todos los sectores de nuestra sociedad. Al frente se encuentra programas radiales y de televisión como la hora de Lou Dobbs en CNN y un sinnúmero de programas de “platica” de la ultra derecha, mas publicaciones, blogs y sitios “web”. Ideólogos académicos, publicaciones abastecidas con dinero de las corporaciones, organizaciones no gubernamentales, sosdichos “expertos” y candidatos presidenciales republicanos llenan el aire, las paginas de los periódicos y el Internet con información incorrecta, mentiras directas, y hostilidad que se dirigen a los inmigrantes y a los que los apoyan. Los medios masivos dan espacio y tiempo a elementos anti-inmigrantes del los sectores latinoamericano y afro americano que de otra manera, no tienen ninguna base social excepto los elementos ultraderechistas que les proporcionan dinero. Los medios en español y medios locales en comunidades donde ha habido bastantes inmigrantes por mucho tiempo dan versiones mas balanceadas. Pero los medios controlados a escala grande por las corporaciones han dado la iniciativa a los derechistas que, con la fuerza completa del poder ejecutivo del gobierno, está produciendo una crisis no solo para los inmigrantes perseguidos, sino para toda nuestra nación.

Unidos avanzamos, divididos caemos

Nuestra nación se encuentra en el punto de salida de un cambio dramático en un rumbo progresista. Los intereses de las mega corporaciones que se encuentran detrás del derechismo Bush-Rove no va a soltar voluntariamente las ventajas que han derivado de las políticas domesticas y extranjeras de Bush, que les ha traído tremendo lucro. Solo una unidad determinada de las fuerzas democráticas, empezando con el movimiento laboral, los afro norteamericanos, latinos y otros sectores oprimidos, y organizaciones pro derechos de las mujeres, de la juventud, de paz, de las libertades civiles y de los derechos inmigrantes puede mover nuestro país hacia adelante con una derrota decisiva de las derechas en las elecciones de 2008.

La crisis anti-inmigrante fomentado por la derecha representa una amenaza peligrosa a la unidad de estas fuerzas. No podemos permitir que la desestabilización de la comunidad inmigrante con estas políticas represivas desanime al movimiento pro derechos inmigrantes con sus aliados. Mayor solidaridad, mayor conscientizacion, y mayor inclusión del tema de derechos de los inmigrantes en las prioridades del movimiento democrático, son elementos esenciales para preservar a la democracia.

Con mucho auto sacrificio, Elvira y Saúl Arellano han retado a nuestra nación para que responda en una forma concreta a la crisis que se está imponiendo a los inmigrantes y a sus familias. Respondiendo a la mano dura de la administración de Bush, ella salió totalmente de las sombras para hacer un llamado para una lucha continua en el congreso para parar y echar para atrás la política de criminalizacion de los inmigrantes. Elvira tiene razón. La lucha pro-justicia debe mantenerse sin parar, y hay que desafiar a la iniciativa derechista en el Congreso.

Se necesita un esfuerzo fuerte para combatir las cartas no-match y otras medidas represivas en una forma de emergencia, además de luchar a favor de una legalización interina para proteger a los inmigrantes. Tal programa de emergencia puede fomentar más unidad para profundizar a los crecientes esfuerzos de derrotar a la ultra-derecha en las elecciones que vienen. Dicha victoria abrirá paso a una reforma integral de la inmigración inclusive una legalización con un camino a la ciudadanía para todos los obreros inmigrantes, una reunificación familiar, protección de los derechos legales y más apoyo para integrar a los inmigrantes y sus familias en nuestra sociedad en todos sus aspectos. También producirá un medio ambiente político para lograr cambios en las políticas exteriores y de comercio internacional que actualmente profundizan a las desigualdades económicas internacionales que son la causa del aumento de migración masiva de millones de trabajadores en todo el mundo que buscan proveer mejores condiciones para sus familias.

¡Un daño contra uno es un daño contra todos!

Para más información sobre el partido comunista, visita, .

Líder deportada dice seguirá lucha por inmigrantes

Fri, 24 Aug 2007 08:07:00 +0000

Elvira Arellano salió totalmente de las sombras con el plan de estimular al movimiento pro derechos de inmigrantes a actuar en una forma de emergencia. En jaque queda la suerte de los 12 millones de indocumentados y sus familias. que presione al Congreso, especialmente a la Cámara de Representantes, a aprobar una legislación para regularizar el status de 12 millones de indocumentados.

“No podemos sentarnos con los brazos cruzados mientras que a nuestras familias las hacen pedazos durante los próximos tres años. Yo no puedo”, dijo Arellano el sábado 18 de agosto cuando apareció en la iglesia Católica “La Placita” para hacer un llamado para una campaña nueva pro legalización

Salió de su asilo en una iglesia en Chicago para venir a California para ayudar a fomentar un movimiento para instar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la presidenta de la subcomisión de Asuntos de Inmigración y Ciudadanía, Zoe Lofgren, ambas californienses, a que inicien nueva legislación de emergencia sobre inmigración.

El paso audaz de Arellano para hablar en público fue una respuesta a las declaraciones por políticos y en la prensa que de que ninguna reforma migratoria integral se iba a debatir de nuevo por lo menos por tres años. El mayo pasado el Senado llegó a un impasse bastante amargado sobre inmigración, y el anuncio del presidente Bush que va a intensificar a las redadas, deportaciones y despedidas basadas en las cartas discrepancias con el número de Seguro Social.

El día después de la rueda de prensa, un escuadrón de agentes de inmigración la arrestaron cuando iba saliendo de la iglesia para visitar a otras familias asiladas. Era un muy obvio intento de aplastar y desviar a su campaña.

Actualmente Arellano se encuentra en Tijuana, Méjico, con su hijo Saúl, un ciudadano norteamericano de 8 años de edad, quien regresará a Chicago para ir a la escuela. En forma inmediata, organizaciones laborales, de derechos de inmigrantes, religiosas y otras organizaron vigilias y denunciaron a su deportación.

La Cámara de Representantes no ha tocado al tema de inmigración este año, por lo tanto que Arellano y su partidarios están enfocando su atención a la cámara baja.

“El Congreso tiene que actuar en septiembre para poner fin a la separación de familias, las redadas, las deportaciones y las sanciones basadas en el número de Seguro Social. Tienen que actuar para parar al odio”.

Arellano tuvo planes de ir a la capital el 12 de septiembre para cabildear personalmente con los líderes demócratas de la Cámara de Representantes para que cumplan con sus promesas de introducir legislación pro-legalización. Activistas pro derechos de los inmigrantes se comprometieron a ir en su lugar y también para cabildear para un proyecto de ley especial para permitir que Arellano regrese a Estados Unidos para estar con su hijo.

En la rueda de prensa en Los Ángeles Arellano anunció su apoyo para unas propuestas básicas de legalización, que por lo pronto no incluyen ni el camino hacia la ciudadanía ni un programa nuevo de trabajadores temporales, que son cosas que deben considerarse más a largo plazo. “No son nuestras prioridad.es Nuestra prioridad es el de mantener juntas a nuestras familias. Creemos que estas propuestas proveen una solución interina para la crisis actual”.

Las propuestas incluyen:

•Una visa para padres de niños que son ciudadanos norteamericanos;

•Una visa interina para personas trabajando en Estados Unidos sin papeles;

•Renovación de la Sección 245 (i) permitiendo que esposos indocumentados de ciudadanos consigan la legalización sin tener que regresar a su país natal;

•El proyecto de ley “Protección de Niños Ciudadanos” para poder parar a la deportación de padres indocumentados;

•Los proyectos de ley DREAM y AgJobs que proveen una vía a la residencia legal para estudiantes universitarios, agricultores e integrantes de las Fuerzas Armadas.

El plan también exige una moratoria a las redadas, deportaciones y separación de familias.

El arresto y la deportación de Arellano en muchos sentidos puede complicar su misión y su lucha para regresar a su hijo Saúl. Pero , un poco antes de salir rumbo a Los Ángeles, el 15 de agosto, primer aniversario de tomar asilo en la iglesia, dijo “Dios me ha protegido durante todo este año pero no puedo sentarme cruzada brazos y observar como se destruyen las vidas de padres y madres como yo y niños como Saúl. Creo en mi corazón que el pueblo de esta nación, en su propio corazón, no desea destruir a nuestras vidas, nuestras familias y nuestras comunidades. Pero yo sí creo que tenemos que presentarnos como testigos de fe para traer una resolución a este crisis”.

Elvira Arellano se encuentra en el frente de la lucha de millones de trabajadores inmigrantes que están alzando sus voces y arriesgándose por el derecho de trabajar para soportar a sus familias con dignidad. Merecen el apoyo total de todas las fuerzas democráticas.

Obreros de Smithfield siguen luchando

Fri, 24 Aug 2007 08:04:00 +0000

La compañía Smithfield Packing emplea a 5.500 obreros que matan y empacan la carne de 32.000 puercos diario en una gran planta en el pueblo de Tar Heel que queda 80 millas al sur de Raleigh, Carolina del Norte. Esta planta se ha convertido en un punto de partida para el movimiento obrero del país igual que para los grupos de derechos civiles, de inmigrantes, comunitarios y de derechos humanos que buscan un fin a la injusticia.

El movimiento está peleando para poner fin a las lesiones y hasta muertes que sufren lo obreros en la planta. Aunque en si, matar a animales es trabajo peligroso, las cadenas de montaje rápidas de producción, pisos sucios en el matadero y la falta de entrenamiento lo hace uno de los sitios más peligrosos para trabajar en Estados Unidos.

De acuerdo al departamento del Trabajo, por lo menos uno de cada tres obreros de Smithfield sufre de una lesión o enfermedad causada por el trabajo cada año desde la apertura de la planta en el 1992. Estas cifras no muestra toda la gravedad del problema visto que la compañía ha sido citada por despedir a obreros que reportan lesiones. Aun así la tasa de lesiones para los obreros de Smithfield es hasta 35 veces más alta que en otras plantas.

A pesar de esto Smithfield se ha negado a reducir la velocidad de las cadenas de montaje o comprar el equipo de seguridad apropiado para los obreros porque esto reduce el ingreso de la compañía.

En un informe sobre la explotación del obrero por la industria cárnica, titulado “ Blood, Sweat and Fear: Workers’ Rights in U.S. Meat and Poultry Plants” [Sangre, Sudor y Temor: Derechos Laborales en las Plantas de Carne y Aves de EEUU], el grupo Human Rights Watch dice, “Estas violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos están incrustadas en el empleo en Smithfield”.

La compañía muchas veces despiden a los obreros si tienen que tomar tiempo libre para presentar un reclamo al seguro o por lesiones en el trabajo. Esto le pasó a Jim Adams, un obrero afronorteamericano que ahora está permanentemente incapacitado y no puede usar su mano izquierda.

“Te quieren si estás saludable y trabajas como un perro”, él dijo, “pero en el momento que te lesionas eres basura. Cuidado si te lesionas. Ellos buscarán la manera de deshacersen de ti antes de que lo reporte. Buscarán la razón para despedirte o ponerte en un trabajo peor como en la cámara frigorífica o cambiar tu turno para que abandone el trabajo. Por eso mucha gente no reportan sus heridas, sino que trabajan con el dolor”.

Smithfield es experto en la explotación de la mano de obra inmigrante.

Como muchas de las empacadoras de carne sin representación sindical, la compañía aparentemente atrae a inmigrantes lejos de sus hogares con falsas promesas de buenos empleos.

Rosa, obrera en Tar Heel desde 2001, le explicó a Nuestro Mundo que ella y su esposo, se montaron en una autobús cerca de la fronter con Méjico y los trajeron a un asilo de desamparados en Carolina del Norte. Ella dijo saber de otros que los llevaron de forma similar a plantas en Minnesota.

En junio del 2006 la compañía se unió voluntariamente al programa de ICE (Inmigración y Aduanas) entre el gobierno y patronos. Cientos de los latinos en Smithfield vieron a esto como una advertencia que no sigan apoyando a su sindicato.

Cuatro-cientos obreros latinos salieron en huelga como protesta. Por lo menos 100 afronorteamericanos y 50 blancos se unieron a ellos.

En enero 2007 cuando los obreros afronorteamericanos cesaron trabajar en el natalicio de Martin Luther King, 100 latinos y 50 blancos se unieron a ellos.

Unos días después agentes de Inmigración arrestaron a 21 obreros dentro de la planta.

El esposo de Rosa estaba entre los detenidos en esa redada. Él fue deportado y ella se queda cn EEUU con tres niños nacidos aquí.

Los obreros en Tar Heel perdieron un voto a favor de ser representado por el sindicato por un margen estrecho, pero un tribunal federal falló que Smithfield había usado tácticas ilícitas y el voto era inválido.

El pasado 6 de agosto 500 obreros hicieron un paro después que la administración se negó reunirse con ellos sobre la cuestión de acceso a agua potable mientras la temperatura en Tar Hill subía a 100 grados. Cuando llegó el agua, cuatro horas después, estaba contaminada con excremento y sangre de animal.

Dennis Pittman, director de relaciones públicas de Smithfield, dijo que la compañía no se reunió con los obreros porque “es la política de la compañía de juntarse solo con un obrero a la vez”.

El próximo día despidieron al obrero José Figueroa. Pittman dijo que era por estar cuatro minutos tarde, pero el sindicato dice que fue por sus actividades sindicales. Figueroa jugó un papel de liderazgo en todos los ceses de trabajo.

La lucha por justicia en Smithfield ha tenido éxitos. Las ciudades de Boston y Cambridge en Massachusetts han suspendido todo uso de productos de Smithfield y están pidiendo a los supermercados que no los vendan.

Puertorriqueños en armas por asesinato policial

Fri, 24 Aug 2007 07:52:00 +0000

Puertorriqueños en ambos Puerto Rico y Estados Unidos están protestando por el asesinato a sangre fría de un hombre no armado por un efectivo de la policía de Puerto Rico. El asesinato del sábado, 11 de agosto en el municipio oriental de Humacao fue captado en vídeo por un residente del vecindario.

Según entrevistas de testigos en la prensa Miguel Cáceres pertenecía a un club de escúter del área. El club es una organización cívica que ha participando en muchos actos en sus año y medio de existencia, inclusive recaudando fondos para curar el cáncer.

Las máquinas estaban alineadas en una fila en la calle afuera de una casa donde se iba celebrar una fiesta de quinceañera a la cual Cáceres y otros integrantes del club iban a asistir. Tres de estos, inclusive Cáceres, dirigían el tráfico para que pasen a los pequeños vehículos. Uno al frente de la fila, otro hacía lo mismo atrás y Cáceres en el medio.

Según el superintendente de la policía nacional de Puerto Rico, se reportó un tapón de tráfico y llegaron los agentes Javier Pagán, Zulma Díaz y Carlos Sustache para investigar.

Testigos dicen que el vehículo de la policía con Pagán guiando se paró al lado de las motoras y Cáceres le pide que pasen para que siga el tráfico. Pagán se molesta y le dice a Cáceres, “Tu no estás hablando con nadie de la calle. Están hablando con la Policía de Puerto Rico”. Cáceres le explica que esperan a la muchacha que cumple los quince años.

La policía ordena que muevan las motoras y así obedecen sus dueños.

Pagán vuelve a su patrulla y sale de nuevo. Va hacia Cáceres cerrando la cremallera de su chaleco antibala y lo llama un “charlatán”. Cáceres protesta que lo tilden tal diciendo que no ha hecho nada para ofender al agente y que no había razón por que el agente le faltara el respeto.

En el vídeo se ve al agente Pagán caminando hacia Cáceres mientras este camina para atrás. Cáceres pide que no lo toquen y que no había hecho nada, según testigos.

Se ve que Pagán empieza a golpear a Cáceres que cae a la tierra. Pagán sigue golpeando al ciudadano mientras parece ponerle las esposas. Luego suena un disparo, aparentemente del arma de Pagán, que hiere al oficial en el muslo.

Saca la pistola Pagán de la baqueta y dispara tres tiro contra Cáceres. Los últimos dos tiros fueron cuando el padre de tres estaba tirado de espalda. Pagán pauso antes de disparar el último.

Los que presenciaron los eventos dijeron que inmediatamente los agentes se subieron a su auto y se fueron. Policía del vecino municipio de Naguabo llegaron al escenario del crimen y se llevaron a Cáceres al hospital.

La viuda de Cáceres, Evelyn Ramírez, dijo en una rueda de prensa improvisada en el funeral de su “esposo estaba esposado, boca abajo, indefenso” y que sus derechos fueron violados. Ella contrastó la suerte de su esposo con la de Pagán, que está afuera con fianza en su casa.

En otra entrevista por televisión, Ramírez dijo que su hijo de 10 años le preguntaba como pudo ser que un policía mató a su padre. Otra hija, dando más información, dijo que su padre era una persona sin vicios que asistía a una iglesia pentecostal.

El caso de Pagán ha motivado manifestaciones ante el cuartel general de la policía y llamadas por vistas públicas en la legislatura colonial del país.

Desde Nueva York el asambleísta estatal Rubén Díaz envió una carta de la Organización de Ministros Hispanos de Nueva York, grupo de clero evangélicos que Díaz también dirige, exigiendo que se haga justicia en el caso. El ministro/político también envió una carta a la división de Derechos Civiles del departamento federal de Justicia exhortándoles a que investigue el caso.

Se reporta se han formulado siete querellas administrativas en contra de Pagán como policía, incluso una por violencia doméstica.

Mientras tanto, el caso de la muerte de Cáceres a manos de Pagán ha motivado al público cuestionar la muerte por un balazo en la espalda de un joven en una casa en la cual efectivos de la unidad de drogas de la policía estaban allanando en Cabo Rojo, al otro extremo de esta nación caribeña.

Se puede ver el vídeo en .

Puerto Rico conecta lucha contra guerra y por independencia

Fri, 24 Aug 2007 07:49:00 +0000

La resistencia puertorriqueña en contra de la guerra estadounidense tiene en Irak se lleva a cabo dentro del marco de las luchas por la afirmación nacional y la justicia económica. La oposición al reclutamiento militar y el hostigamiento de activistas jóvenes por el FBI muestra que la juventud está al centro de estas luchas.

Al empezar del año escolar activistas han hecho campaña en Puerto Rico para convencer a los estudiantes y sus padres de prohibir que las autoridades escolares le entreguen a los reclutadores militares su información de contacto.

Bajo la Ley Ningún Niño Quede Rezagado, ayuda financiera a las escuelas depende ambos de que las autoridades escolares permitan a los reclutadores tener acceso a los estudiantes y otorgarles los nombres, teléfonos y direcciones de los estudiantes. Bajo la ley cada año el estudiante o sus padres tiene que pedir que la información no se provee a los reclutadores.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), como en años anteriores, fue una de las organizaciones que hizo campaña en contra del reclutamiento militar. Edwin Irizarry Mora, candidato a la gobernación de la colonia por el PIP, dijo que este año más aceptaron los formularios que en años anteriores. “Esto demuestra que la guerra es antipática que así lo está entendiendo el pueblo, y que nuestros jóvenes están creando conciencia a pesar de las ofertas que hacen los reclutadores para llevarlos a un escenario donde cada día mueren más”.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago dijo en una rueda de prensa para anunciar la cmpaña del PIP, dijo que los reclutadores militares usan la pobreza en Puerto Rico, igual que en Estados Unidos, para reclutar a jóvenes. “Esto es muestra de lo que significa vivir en un país que se debate en la miseria, bajo la prosperidad de mentira que existe en Puerto Rico. La verdad es que la mitad de la población vive bajo los niveles de pobreza, incluyendo a 200 mil trabajadores que salen todos los días a ganarse el pan con el sudor de su frente. Arriesgar su vida para salir de esa situación puede ser unan opción. Estamos poniendo un precio a la vida de nuestros jóvenes. Por eso es tan importantes esta campana”, agregó Santiago.

Sonia Santiago de Madres Contra la Guerra, otra organización que busca convencer a los estudiantes optar por no dar su información a los reclutadores, dice que su grupo va a las escuelas para desenmascarar las mentiras de los reclutadores.

En año pasado un 49 por ciento de los estudiantes de escuela superior pidieron que no le entregaran su información a los militares. Este año se reporta que la cifra ha subido a 57 por ciento. Encuestas enseñan que en Puerto Rico 75 por ciento de la población se oponen a la guerra.

La cuestión de la guerra entra en el debate central de los puertorriqueños, eso es la cuestión nacional. Los anexionistas que quieren que Puerto Rico sea un estado de la unión norteamericana dicen que no es justo que “ciudadanos americanos” (los puertorriqueños son ciudadanos por una ley promulgada casi cien años) mueran en una guerra sin tener derechos al voto, aunque los líderes de esta tendencia respaldan cualquier aventura militar de EEUU. Para los independentistas, dentro y afuera del PIP, es injusto que EEUU obligue a los nacionales de una colonia pelear en sus guerras y lo necesario es una república soberana donde los puertorriqueños deciden el porvenir de Puerto Rico y no EEUU.

A propósito, el PIP está llamando por una “Manifestación por la Independencia y en Repudio a la Guerra”.

José A. Cruz contribuyó a este artículo.

Declaración conjunta de partidos sobre la Cumbre del 20 y del 21 de Agosto de 2007 y sobre la ASPAN

Tue, 21 Aug 2007 07:30:00 +0000

Partido Comunista de Canadá

Partido Comunista de EEUU

Partido de los Comunistas de México

Partido Popular Socialista de México

La Cumbre del 20 y 21 de Agosto, que reunirá al Primer Ministro de Canadá, Stephen Harper, el Presidente George W. Bush, de Estados Unidos, y el Presidente Felipe Calderón, de México, y el tema central del encuentro, la “Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte” (ASPAN), constituyen una grave amenaza para los derechos democráticos y sociales de los pueblos de Canadá, Estados Unidos y México, para la soberanía nacional de nuestros respectivos países y para la causa de la paz.

Los partidos abajo firmantes nos unimos a los movimientos sindicales, anti-guerra, medioambientales, sociales y populares para denunciar la agenda dirigida por las grandes empresas y para protestar contra el ASPAN, que tiene como objetivo imponer dicha agenda a los pueblos de nuestros países, y para lanzar un llamado a la movilización más amplia posible de los sindicatos y de las otras fuerzas populares, con el objetivo de parar y derrotar esa ‘iniciativa’ peligrosa y reaccionaria.

Los verdaderos intereses de clase que pretenden imponer el ASPAN, son los de las empresas y de los bancos más grandes, que actúan por medio de los numerosos centros de investigación política (“think tanks”), tales como el Consejo Canadiense de Ejecutivos de Empresas (Canadian Council of Chief Executives - CCCE), el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (Center for Strategic and International Studies - CSIS), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Consejo de Administración sobre Canadá (Conference Board of Canada) y el Consejo de Relaciones Extranjeras (Council on Foreign Relations de Estados Unidos). Otro centro de investigación política, constituido recientemente, es el Consejo de Competitividad Norte Americano (North American Competitiveness Council) formado con diez de los mas importantes ejecutivos de empresas de cada uno de los tres países, que estuvo dirigiendo todo el proceso de la ASPAN para garantizar que “los gobiernos se pongan a escuchar al sector privado para que éste les diga lo que deben hacer.” Entre las grandes empresas representadas en el Consejo están las firmas Lockheed Martin, Wal-Mart, Exxon, General Motors, Home Depot, GE, Ford, Wal-Mart, Merck y Chevron.

Según lo que declaran estos patrocinadores empresariales, el ASPAN tiene como objetivo “profundizar la integración Norteamericana (...), transformando a los tres países y estableciendo la dinámica de una nueva economía continental”. Eso crearía una “Arquitectura Norteamericana de Seguridad” común, “aseguraría la redes de recursos energéticos y estratégicos necesarias para mantener la competitividad” e impondría una sola “armonización de la reglamentación regional” sobre casi todos los aspectos de la vida económica y social, “la agricultura, el agua, la salud, los servicios de urgencia, la energía (eléctrica, nuclear, hidráulica, gas y petróleo), las redes de información y de telecomunicaciones y los sistemas bancarios y financieros”.

En otras palabras, el ASPAN es una vía rápida hacia la creación de una “Unión Norteamericana” firmemente anclada bajo el dominio del imperialismo estadounidense y de las empresas y bancos transnacionales que lo componen. El ASPAN consolidaría el control de las grandes empresas sobre la energía, el agua y los otros recursos naturales del continente, reduciría más aún los derechos laborales y democráticos, aceleraría la privatización de servicios públicos tales como los cuidados de salud y la educación, y reforzaría la campaña de militarización llevada a cabo por el gobierno Bush en el marco de una supuesta “guerra contra el terrorismo”.

Los trabajadores y trabajadoras, las mujeres, los pueblos indígenas, los inmigrantes y las personas de color, así como todas las personas que luchan para defender los derechos democráticos, para oponerse a las guerras y a las agresiones y para preservar nuestro medio ambiente, o sea la vasta mayoría de los ciudadanos de nuestros tres países, tienen como interés común desbaratar ese peligroso plan en favor de las grandes empresas. Como pueblos vecinos, luchamos para estrechar los vínculos de colaboración y la amistad que nos unen por encima de nuestras fronteras. Pero también rechazamos todo intento hecho por los congéneres de Exxon, Wal-Mart, Lockheed Martin y los gobiernos de derecha que les sirven, de decidir nuestro futuro y destruir los derechos soberanos de nuestros pueblos.

¡Unámonos para parar y derrotar la “Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte” (ASPAN)!

Gobierno impulsa ofensiva contra inmigrantes

Fri, 17 Aug 2007 07:15:00 +0000

El 10 de agosto la Casa Blanca anunci un programa de 26 elementos para ejercer su autoridad total de imponer una poltica de represin total contra los inmigrantes, expandir los programas de trabajadores temporales, y militarizar aun ms a la frontera sin ningn mecanismo para legalizar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados. Bsicamente constituye la implementacin de las demandas de los republicanos en el Congreso para una poltica de mano dura. Personas que lo critican lo califican como un programa para aumentar el miedo, la vulnerabilidad y la explotacin de los indocumentados.

A lo largo de la frontera el plan proyecta agregar 18.300 agentes fronterizos, una muralla de 370 millas, barreras antivehculos por 300 millas, 105 torres con cmaras y radar y el aumento de crceles para deportar rpidamente a la gente. Medidas represivas en el interior incluyen ms cooperacin entre el gobierno federal y policas estatales y municipales.

El meollo de la estrategia represiva es una colaboracin entre la Administracin del Seguro Social con el departamento de Seguridad Patria en llevar a cabo las leyes de inmigracin. El sistema de Seguro Social compartir con Seguridad Patria informacin sobre nmeros de Seguro Social que no pueden comprobar de gente trabajando. La Administracin del Seguro Social enva cartas a las empresas cuando el nmero de Seguro Social no corresponde con el nombre del empleado. El propsito original de las cartas fue la de asegurar que los pagos a las cuentas de Seguro Social se le asignan al trabajador correcto.

El plan es de enviar 140.000 cartas a los patrones que tienen por lo menos 10 empleados con discrepancias en su informacin. El patrn tendr 90 das para que sus empleados resuelvan el problema, y si no lo hacen, los tiene que despedir. De otra manera, el patrn riesga ser multado.

Estas propuestas promueven la discriminacin, atemorizan a las comunidades y promueven un ambiente cada vez ms antiinmigrante que es tambin fundamentalmente antiamericano, dice Eliseo Medina, vicepresidente de SEIU, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. Janet Murgia, presidente del National Council of La Raza (NCLR), calific al programa como un atropello en contra de los derechos civiles de todos los hispano-americanos el perfilamiento racial de todos los trabajadores latinos.

Ana Avendao, abogada general para la AFL-CIO, dijo la mano dura se est aplicando solo en contra de los trabajadores. Ellos no hacen ninguna inspeccin laboral, de modo que simplemente les estn dando a los patrones otra herramienta par reprimir a los derechos laborales.

El activista y periodista laboral y pro derechos de los inmigrantes David Bacon dice Si se implementa esto millones van a perder sus empleos. Pero lo ms probable es que se va a hacer de forma selectiva, como las redadas a fbricas sindicalizadas el ao pasado.

Esto no va a lastimar solamente a inmigrantes, dice Nativo Lpez, presidente de la Mexican American Political Association. Hay 18 millones de trabajadores con discrepancias, muchos que cambiaron de nombre o apellido, direcciones, personas nacidas en el extranjero con maneras inusuales de letrear sus nombres los inmigrantes son el blanco principal.

Peter Shey, director ejecutivo del Centro pro Derechos Humanos y Ley Constitucional, ve al programa como parte de la estrategia del partido republicano para las elecciones presidenciales. Seala que el pblico le echa la culpa a ambos partidos por no haber llegado a un acuerdo sobre una ley de reforma de inmigracin pues ahora van a jactarse de ser duros en el aspecto de imposicin de las leyes represivas.

La situacin de la comunidad ya era seria, y ahora esto dice Richard Estrada, prroco de la Iglesia Catlica Nuestra Seora Reina de Los ngeles La Placita. Se necesita un esfuerzo organizativo bien serio con distintas tcticas, dijo Estrada.

El activista y periodista David Bacon dice hay que fomentar un movimiento social mucho ms grande que pueda ganar la opinin publica, con ms participacin en la coalicin, y ms consciencia de las dinmicas nacionales e internacionales.

Joelle Fishman, quien encabeza la comisin de accin poltica del Partido Comunista de Estados Unidos, dice: Bush est minando al proceso democrtico por medio de estos reglamentos durante el receso congresional. Se necesita un tremendo clamor pblico para pararlos antes de que entre en vigencia. Estas reglas estn diseadas para atemorizar a las comunidades inmigrantes, pero van a perjudicar a todos los trabajadores. El intento de usar la inmigracin como un arma demaggico para dividir a los votantes en 2008 debe convertirse en su contrario. Todas las personas democrticas debemos unirnos para rechazar a estas polticas represivas.

Enemigos de Chávez promueven subversión

Fri, 17 Aug 2007 07:09:00 +0000

Aunque no tiene el mismo sentido de drama de las previas maniobras contrarrevolucionarias en contra del gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez, como el golpe del 11 de abril 2002 y la campaña de sabotaje en contra de la compañía petrolera PDVSA, las nuevas estrategias invocadas por los oponentes de la Revolución Bolivariana son graduales y se están haciendo casi a espalda de todos.

Se están revelando mientras la revolución se está adelantando. Los salarios suben. Servicios médicos son asequibles a millones que nunca lo tuvieron antes. El analfabetismo fue erradicados.

Después de una campaña de cuatro semanas, 1,6 millones ahora son parte de los “batallones socialistas”, eso es niveles de liderazgo del nuevo Partido Unido Socialista de Venezuela. Más de 5,7 millones están inscrito como militantes.

Un sondeo en julio encontró que que el gobierno de Chávez tenía un nivel de aprobación de 72,1 por ciento. Pero los esquemas de la oligarquía venezolana y sus aliados estadounidenses en contra del gobierno continúa.

Las investigaciones reciente de la abogada norteamericana de descendencia venezolana Eva Golinger que ella presentó ante la Asamblea Nacional de Venezuela. En su presentación, Golinger mostró que la estación radial de propaganda de Estados Unidos otorgó $10 millones a la prensa opositora de Venezuela con el fin de minar el respaldo que tiene el gobierno de Chávez entre la población.

La política de minar el gobierno bolivariano predomina en el estado noroeste de Zulia en la frontera con Colombia. El secesionismo ha sido un factor ahí por más de un siglo. Estados Unidos apoyó complots secesionistas en 1869, 1916 y 1928 con el petróleo como objetivo en las últimas dos. Una invasión de Zulia, de donde proviene casi la mitad de las ventas del petróleo venezolano, era parte del escenario de los juegos de guerra de EEUU y la OTAN en el 2001.

El gobernador de Zulia, Manuel Rosales, fue en contrincante principal de Chávez en las elecciones presidenciales del año pasado. Rosales es un secesionista que han mantenido contacto estrechos con el embajador saliente estadounidense William Bromfield. En junio el ex vicepresidente José Vicente Rangel acusó a Rosales de viajar a Colombia para juntarse con unidades paramilitares derechistas que han desplegado 2.500 tropas en la frontera. Se reporta que estas tropas frecuentemente entran en territorio venezolano.

Jean Carlos Di Martino, alcalde de Maracaibo, capital de Zulia, no está contento con la situación tampoco. En una carta abierta del 22 de julio al ministro de Justicia venezolana y al presidente de la Asamblea Nacional, Di Martino pidió que se investigue la conexión entre el gobierno de Zulia y los paramilitares colombianos.

Secuestros, sabotaje, contrabando, extorsiones, narcotráfico y asesinatos están amenazando con agobiar a Zulia, y los lazos entre la policía regional y los paramilitares colombianos se ven como cosa que pone en riesgo el papel de la policía hacer cumplir con las leyes y alimenta al caos.

Di Martino acusó al gobernador Rosales de depender de su asesor privado de seguridad Henry López Sisco, que fue acusado con la masacre de activistas de izquierda desde el 1982 en adelante. López no se ha visto en público desde junio 2006.

Reportes recientes muestran la inestabilidad que existe en Zulia. Se han encontrado agitadores contra el gobierno hablando con obreros en propiedad de la PDVSA, compañía petrolera del estado. De acuerdo a Gustavo Petro, senador colombiano del Polo Democrático Alternativo, grupos derechistas paramilitares de Colombia han estado trabajando con oficiales disidentes de la PDVSA para pasar gasolina de contrabando a Colombia.

En junio, dos agentes clandestinos de inteligencia asociados con los militares colombianos fueron encontrado asesinados en Santa Bárbara, Venezuela.

Alaban periodista marxista puertorriqueño

Fri, 17 Aug 2007 07:05:00 +0000

El Día Nacional del Periodista en Puerto Rico se celebra el 31 de julio, fecha del natalicio del periodista revolucionario César Andreu Iglesias. Andreu Iglesias fue un luchador por la clase obrera puertorriqueña e internacional además de la lucha por la plena soberanía de su patria — Puerto Rico. Además de ser un periodista comprometido él se destacó como dirigente sindical y político. Llegó a ser presidente y secretario general del Partido Comunista Puertorriqueño, fundador del Movimiento Pro Independencia. Tuvo asociación con varios medios en los cuales trabajó o fundó como Verdad, Pueblo, El Imparcial, Claridad, La Hora y Avance. También se destacó como novelista.

Aquí reproducimos el discurso del secretario general adjunto de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Nelson del Castillo, en la apertura de la Semana de la Prensa dedicada a la mujer periodista por la Asociación de Periodistas de Puerto Rico.

Periodista en tiempos harto difíciles, cuando la cárcel era un elemento de sujeción a la palabra y la historia personal era elaborada en folios secretos por los aparatos represivos, César Andreu Iglesias, cuyo nacimiento en Ponce el 31 de julio de 1915 conmemoramos hoy, es paradigmático, tal como lo han reconocido muchos miembros de las generaciones posteriores que optaron por seguir su camino en el quehacer periodístico. Como ha sido común en este oficio de la palabra, César Andreu Iglesias fue igualmente novelista de alto calibre, legando a su lacerada patria “Los derrotados” (1956), en la cual dibuja la angustiosa existencia de un nacionalista en la época de la mordaza política y con la que obtuvo un premio del Instituto de Literatura Puertorriqueña, además de “Una gota de tiempo” (1958) y “El derrumbe” (1960).

Fundador de periódicos y de partidos — o viceversa — porque al viejo estilo revolucionario, como Martí o Lenin, sabía que el periódico es un instrumento extraordinario para adelantar causas políticas, en su caso centrado en la concienciación de las masas sobre sus derechos, deberes y responsabilidades con la Patria.

Al seleccionar esta fecha para conmemorar el Día Nacional del Periodista, la ASPPRO (Asociación de Periodistas de Puerto Rico) no lo hizo de modo gratuito, sino como justo reconocimiento a uno de los nuestros que con su ejemplo hoy irradia a nuevas generaciones de periodistas, a pesar de la tendencia perversa de arropar con el silencio a aquellas figuras que resultan dignos ejemplos de grandeza desde la naturalidad del sacrificio.

Ha hecho la ASPPRO, además, a través de su editorial Casa de Periodistas un reconocimiento particular a la incisiva pluma de tan insigne intelectual — además de combativo político y sindicalista — al publicar en 2005 el libro “César Andreu Iglesias: periodismo vital”, que pone al alcance del lector, en excelente trabajo compilatorio de Armindo Núñez Miranda, sobre un centenar de sus columnas publicadas en el diario El Imparcial (correspondientes al periodo 1965-1966) y la revista Avance (1973-1975) y en las cuales ha dejado un retrato de profundos trazos sociológicos de Puerto Rico en el todavía cercano siglo XX.

Lamentablemente, muchas de las situaciones que denunció siguen vigentes y en algunos casos peores: la Legislatura, el “mantengo” y la dependencia colonial.

Esta mañana, con el rumor colérico del Atlántico, renovamos nuestro compromiso por un periodismo vertical, ético, en el anhelo de un Puerto Rico levantado sobre sus pies, como lo soñó César Andreu Iglesias hasta su suspiro final en San Juan el 18 de abril de 1976.

Trabajadores retan a los candidatos presidenciales

Fri, 17 Aug 2007 07:03:00 +0000

CHICAGO – Llegaron a Soldier’s Field, no para hacerle porra al equipo de casa de los Bears de Chicago, sino para retar a los candidatos presidenciales que representan un arco iris de trabajadores y no a los ricos de Wall Street.

En la reunión sin precedente de 17.000 miembros sindicales y sus familias, siete candidatos presidenciales demócratas se postularon en el renglón de fútbol americano y le prometieron a un público entusiasta que ellos iban a ser la voz de los trabajadores en la nueva Casa Blanca del 2008.

El Foro de las Familias Trabajadoras del AFL-CIO fue parte de uno de los más grandes esfuerzos por los sindicatos de influir y cambiar el balance del poder en el gobierno de EEUU. El debate fue facilitado por Keith Olberman y emitido por MSNBC.

“Esta noche empieza el fin del gobierno más antilaboral en toda la historia de Estados Unidos”, le dijo a Nuestro Mundo John Sweeney, presidente de la federación sindical. “Cualquiera de estos candidatos que participaron esta noche representarían un nuevo día en Norteamérica —todos ellos han dedicado años a la lucha por las necesidades de los trabajadores norteamericanos”.

Los candidatos que participaron fueron los senadores Joseph Biden, Hillary Clinton, Christopher Dodd, y Barack Obama; el ex senador John Edwards; el gobernador de Nuevo México Bill Richardson, y el representante al Congreso Dennis Kucinich. Los candidatos republicanos y un sólo demócrata, el ex senador Mike Gravel, no participaron.

Los sindicatos le enseñaron a los candidatos y a todo el mundo, incluso a cientos de personas de los medios de comunicación que a veces son cínicos, que los debates presidenciales son una cosa pero que debates que se organizan para la gente trabajadora son otra cosa totalmente diferente. Los sindicatos convirtieron este evento en una entrevista de trabajo donde los candidatos fueron obligados a enfrentar a obreros con duras preguntas.

Steve Skvara, un jubilado trabajador de hierro de Union Township, en el estado de Indiana, se acercó al micrófono usando muletas. Casi llorando, preguntó, “¿Cómo puedo sentarme de frente a mi esposa, quien está enferma, en la mesa de la cocina y decirle que no puedo pagar por su seguro médico?”

Se acercó Deborah Hamner. Se presentó a si misma como “la esposa de George Junior Hamner. Yo lo quería. Murió en el desastre que ocurrió en la mina de Sago”. Hamner mencionó a los seis mineros atrapados en Utah. “¿Qué van hacer para mejorar la seguridad de los trabajos y en la industria minera?” fue la pregunta que hizo.

La trabajadora de hospital Shirley Brown de Chicago entró al centro de la atención pública. Contó de cuatro años de hostigamiento, intimidación, y despidos ilegales en el hospital Resurrection Health Care donde ella trabaja. Contó que enfrentó estos ataques porque ella y sus colegas intentan formar un sindicato en el hospital, “intentando de ejercer nuestros derechos humanos básicos”.

“¿Qué harán para cambiar esto?” preguntó. “¿Que hará para asegurar que tengamos la libertad de ser miembros de un sindicato?”

Jim McGovern, de Iowa y veterano de la guerra en Irak, se acercó al micrófono. Cuando regresó a casa, le dijo a los candidatos, “Encontré que mi trabajo en Maytag había sido exportado a otro país. ¿Qué se podrá hacer para ayudar a los veteranos a que regresan a buenos trabajos?”

Jorge Mulasano fue otro trabajador que se acercó para hacer una pregunta. Él es un cocinero en el Sheraton Hotel and Towers. Nacido en Argentina, Mulasano se hizo ciudadano hace seis meses. Preocupado por los inmigrantes, y especialmente los indocumentados, preguntó, “¿Qué van hacer para darle un camino hacia la ciudadanía a tantos trabajadores en este país?”

Los candidatos respondieron a estas y muchas otras preguntas. Veinte mil miembros de sindicatos mandaron sus preguntas, de las cuales Olberman escogió algunas. Otros temas incluyeron la guerra en Irak, la Ley Ningún Niño Quede Rezagado, la infraestructura del país, y los acuerdos de libre comercio.

Después del foro, Chris Matthews, del programa “Hardball”, advirtió que “si los republicanos piensan que pueden ignorar las preocupaciones del trabajador de hierro quien habló esta noche, están muy equivocados”.

Los candidatos demócratas parecen haber escuchado el mensaje de los sindicatos. Cada candidato apoyó un fin a la guerra en Irak. Edwards dijo que 40.000 tropas pueden salir ahora mismo, mientras que Kucinich dijo que todas las fuerzas podrían salir inmediatamente, y otros candidatos favorecieron planes concretos para salir con “seguridad y orden”. Todos dijeron que al terminar la guerra, se haría disponible más recursos tan necesitados para crear más empleo en EEUU.

Cada uno de los candidatos apoyó la creación de nuevos trabajos en el sector industrial, inclusive la reconstrucción de la infraestructura.

Clinton dijo que se pueden crear trabajos a través del desarrollo de recursos económicos que sean alternativas, reciclables, y recursos limpios de energía.

Aunque todos los candidatos deploraron las consecuencias del “libre comercio”, solamente Kucinich hizo una llamada para revocar el Tratado de Libre Comercio Norteamericano. Los otros dijeron que los acuerdos se podrían enmendar para que incluyan derechos para los trabajadores y la protección ambiental.

Cada uno de los candidatos enérgicamente apoyó el proyecto de Libre Escoger para Empleados, diciendo que ellos lo harían ley.

Todos apoyaron cobertura médica universal para todos. Kucinich también dijo que él apoyaba a HR 676, una propuesta de ley que implementa un sistema universal de seguro médica.

El concilio ejecutivo de la federación decidió el 8 de julio que no iba a respaldar a ningún candidato en particular. Los sindicatos afiliados tienen la libertad de apoyar a cualquier candidato en las primarias. Pero se espera que el movimiento laboral entero respaldará al candidato demócrata en las elecciones generales.

Tribunal desmiente medida contra indocumentados

Fri, 10 Aug 2007 07:57:00 +0000

HAZLETON, Pennsylvania – Un tribunal federal le dio un fuerte rechazo a los planes de elementos antiinmigrante de implementar medidas locales que castigan a los indocumentados y otros inmigrantes al anular la ordenanzas de esta ciudad.

Se espera que el fallo tenga repercusiones más allá de Hazleton. No obstante, residentes latinos, aunque contento con la decisión del juez dicen que ya el daño está hecho porque la ordenanzas han envenenado el ambiente social en contra de los hispanos.

La ordenanzas hubiese multado a comerciantes que renten, contraten or “provean bienes y servicios” a los inmigrantes indocumentados. Otra ordenanza prohibe dar ningún servicio municipal en un idioma que no sea el inglés sin importar si uno es ciudadano o residente legal.

César Perales, presidente del Fondo Puertorriqueño para la Defensa Legal y Educación (PRLDEF por sus siglas en inglés), una de las organizaciones que hicieron la demanda, llamó el fallo “histórico” y agregó que es “un precedente para el Siglo XXI”.

El juez federal James Munley del Tribunal del Distrito en Scranton, Pennsylvania, decidió a favor de los 11 demandantes diciendo que las ordenanzas locales eran inválidas porque la cuestión de inmigración era un área reservado para el gobierno federal. Munley también encontró que, contrario a lo que los abogados de la ciudad de Hazleton decían los indocumentados son “personas” bajo la Constitución y tienen derechos otorgados por la ley magna del país. Él hizo énfasis que “personas que entran a este país sin autorización legal no están despojados inmediatamente de sus derechos por este solo acto ilegal”.

Han habido unos cientos de propuestas legislativas antiindocumentados introducidos en municipios, condados y estados y un número de estos han entrado en vigencia después de que Hazleton promulgó estas ordenanzas.

Aunque este veredicto aplica solo a Hazleton, otros tribunales estudiaran el pensamiento legal presentado en el fallo de Munley cuando esté decidiendo esos casos.

Junto con el PRLDEF estuvo la Unión de Libertades Civiles y otras organizaciones luchando por los derechos de los inmigrantes hicieron la demanda de parte de residentes, comerciantes de Hazleton y organizaciones trabajando en esa ciudad. Cuatro de los demandantes no estaban listados por nombre, visto que esto eran inmigrantes indocumentados.

Los abogados de la ciudad trataron de forzar que se hagan público esos nombres para o forzarlos a dejar la demanda o que sean sujeto a detención por agentes de la Inmigración y Aduana. Munley acordó dejarlos seguir la demanda anónimamente diciendo que en caso anteriores se permitía la anonimidad en casos donde puede ser peligro para los demandantes.

Munley notó que el doctor Agapito López, un líder latino de Hazleton que no fue demandante, testificó que él había recibido cartas amenazantes dirigidas contra él y Anna Arias, otra residente latina que forma parte de la Comisión del Gobernador sobre Asuntos Latinos y es presidenta de la Asociación Latina del área de Hazleton.

En una manifestación a favor del alcalde republicano de Hazleton, Louis Barletta, que introdujo las ordenanzas, un periodista de un semanario local hispano fue sacado de la manifestación por la policía debido a que fue amenazado por la gente en la manifestación. Integrantes del grupo racista terrorista el Ku Klux Klan de Nueva Jersey habían anunciado que se presentarían en la ciudad para apoyar al alcalde y su ordenanzas.

Al introducir la ordenanzas el año pasado, Barletta culpó a los indocumentados por lo que dijo fue un aumento en la delincuencia que estaba estirando los recursos policiales. En el juicio él tuvo que admitir que él mismo redujo el número de policía cuando primero fue electo.

Barletta también culpó a los indocumentados de estrechar los recursos médicos, dejando afuera el hecho que los mismos hospitales se habían convertido en uno.

El abogado principal del PRLDEF en el caso, Foster Maer, dijo que “Caminar mientras ser latino se ha convertido en un crimen” en los municipios que han promulgado tal tipo de ley con el de Hazleton.

María, una indocumentada mexicana viviendo en Hazleton, estaba de acuerdo con Maer. “Me siento con miedo ya no se siente uno con mucha libertad de andar en la calle”, agregando, “Yo me la paso en casa con mi bebé que nació aquí”.

Julián Figueroa, trabajando en la bodega de su hermano, Jazmín Market, dijo que se sentía satisfecho que desmintieron las ordenanzas “aunque eso no me afecta a mi” por ser puertorriqueño. Él señaló que “muchos hispanos se fueron por el acoso” proveniente ambos de la policía local y residentes no hispanos debido a las ordenanzas, aunque agregó que “no todos ellos son racistas”. Él dijo que el negocio de su hermano había sufrido por las ordenanzas.

Ramón y Particia Batista, unos de muchos latinos que han llegado a esta ciudad y puesto negocios nuevos que han revitalizado lo que era un área deprimido estaban contento con el fallo del tribunal.

Ramón, que dijo que estaban huyendo las rentas altas en Nueva Jersey, dijo tener confianza que la amenaza del alcalde Barletta a apelar el veredicto no cambiará nada. Él piensa que “Las autoridades presente en la alcaldía ha tenido que declinar su fortaleza porque la corte falló a favor de los inmigrantes”. No obstante, “Los inmigrantes tenemos que seguir luchando”.

Él dijo que esperaba las cosas normalizarse y apuntó a que ya estaba viendo a nuevos clientes en su restaurante. Cosa, dijo él, que no hacían antes por temor.

Ana Cintrón, una inmigrante dominicana, dice no estar seguro de eso. Ella dijo, “Cuando yo llegue me gustaban tanto. Encontre trabajo enseguida. Pero luego que yo he visto como no quieren saber de nosotros los inmigrantes [los hispanos] aquí no hablan solo de los indocumentados [sino de los] inmigrantes. Sin embargo nosotros hemos hecho este pueblo — los inmigrantes. Aquí por donde quiera que va hay bodegas hay negocios y toda la culpa de lo que pasa aquí [malo] se las echan a los inmigrantes”.

Ella dijo que esto la estaba haciendo pensar en regresar a Nueva York donde vivía casi cinco años atrás.

El hermano de Cintrón, José Morillo, que visitaba desde Brooklyn, Nueva York, dijo que la culpa de todo lo que pasaba lo tenía el presidente Bush. Él dijo que la “guerra del presidente... tiene el país destrozado”.

“Ojalá ese gobierno desaparezca”, dijo, espresando un deseo muy común en todo el país.

Morillo también criticó aumento en las tarifas para hacerse ciudadano, tildándolo de “robo”.

Francisco y Jesús, ambos indocumentados, también están pensando en irse de Hazleton.

Francisco dijo que la policía local estaba acosando a los hispanos “porque no somos blancos sino de tez morena”. Él habló de amigos que tienen documentos de residencia han sido parado por la policía y obligado a mostrar que no son indocumentados. Después los sueltan, dijo.

Francisco dijo que no veía para él ningún beneficio con el fallo en contra las ordenanzas. Él dijo que por las ordenanzas de Barletta, “Nos cierran muchas puertas. ... Vamos a buscar otros lugares donde nos traten mejor”.

Jesús dijo estar de acuerdo con Francisco. “Antes era más tranquilo. Antes que pusiera la ordenanza el alcalde”, agregando, “Nosotros venimos aquí más que nada para superarnos”.

Él criticó que no se ha promulgado una nueva ley de reforma migratoria. “Queremos que salga una nueva iniciativa para todos los hispanos”.

Necesitamos puentes, no bombas

Fri, 10 Aug 2007 07:54:00 +0000

Steve Share, editor del Minneapolis Labor Review, estaba en su oficina la tarde del agosto 1 cuando oyó las sirenas de vehículos en camino al derrumbamiento de un puente. Agarró su cámara y salió.

Lo que lo impresionó más fue la valentía de gente arriesgando sus vidas para salvar a otros.

Hasta la hora de cierre, cinco han muerto y por lo menos a ocho no los han encontrado. Hay 100 heridos.

“Cualquiera podía estar en ese puente”, dijo Share. “Mi cartero acababa de cruzar el puente no hace quince minutos antes del colapso. Todas aquí en las Ciudades Gemelas sienten el impacto de esta tragedia”.

El presidente Bush visitó el área ofreciendo sus pésames a los que perdieron familiares, notó Share, “pero entonces empezó a quejarse de que los demócratas quieren ir más allá de los límites que él puso para el presupuesto federal. Él dice que significaría un aumento de impuestos”.

“Es irónico que estamos botando todo un tesoro en Irak y tenemos puentes que se están cayendo”, dijo Share.

Dick Anfang, presidente de Oficios de Construcción de la AFL-CIO de Minnesota, dijo, “Nosotros tenemos oficiales electos que dicen que están frustrados con el gobernador Tim Pawlenty por vetar proyectos para mejorar nuestras carreteras y puentes”.

“Nosotros dijimos que algo como esto pasaría. Mi reacción inmediata es que esto podía pasar en cualquier estado en la nación a cualquier hora. Ni el federal ni los locales le dan la prioridad que necesita a la infraestructura”.

Anfang comparó la caída a la destrucción del huracán Katrina. Él dijo que los oficiales locales habían pedido sin éxito ninguno que fortalecen los diques para proteger a Nuevo Orléans.

Ya casi pasado tres años el gobierno de Bush todavía se niega otorgar los miles de millones prometidos para reconstruir la ciudad. Los diques fueron reconstruidos, pero no lo suficiente para bregar con otra tormenta como Katrina.

Solo unos días antes de la caída del puente, Bill Marcuson, presidente de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, escribió, “El estado desmenuzado de nuestra infraestructura plantea una verdadera amenaza a la seguridad del público y a la economía de la nación. Financiar las reparaciones urgentemente necesarias tiene que ser una prioridad para los líderes de nuestra nación”.

Pacifistas hacen una vigila cada miércoles en uno de los puentes. El fin de semana después del derrumbe muchos se reunieron con ellos cerca del puente con letreros diciendo, “Construyamos puentes, no bombas”.

greenerpastures21212 @yahoo.com

FARC exige diálogo para acuerdo humanitario

Fri, 10 Aug 2007 07:52:00 +0000

BOGOTÁ (Fuentes Combinadas) — El vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, aseguró la semana pasada que la última propuesta presentada por el gobierno colombiano es una “cortina de humo” y acotó que “realizando el acuerdo de canje de prisioneros, se abren las puertas a los diálogos en búsqueda de las salidas políticas a la crisis colombiana”.

Las FARC ratificaron que la negociación de un acuerdo humanitario con el gobierno colombiano podría abrir las puertas del diálogo para buscar salidas políticas a la histórica crisis que aqueja al país.

Reyes ratificó que su organización mantiene la desmilitarización de un territorio del suroeste colombiano, como demanda para negociar allí el canje de retenidos en su poder a cambio de miembros del grupo armado encarcelados.

Las FARC descartaron la posibilidad de entregar a más de 40 retenidos, sin sentarse en la mesa de diálogo con el gobierno.

Según Reyes, “Se libera la totalidad de los prisioneros canjeables a cambio de recibir la totalidad de los guerrilleros y guerrilleras privados de la libertad al momento de firmar el acuerdo...”.

“El intercambio humanitario es independiente del eventual proceso de paz”, y agregó que “realizando el acuerdo de canje de prisioneros, se abren las puertas a los diálogos en búsqueda de las salidas políticas a la crisis colombiana”.

La semana anterior el presidente Álvaro Uribe declaró que “si las FARC liberan a los secuestrados, con participación de la comunidad internacional, el gobierno acepta una zona de encuentro para pactar la paz en 90 días”.

Reyes calificó la propuesta de Uribe como “otra cortina de humo presidencial, cuyo fin es tratar de quitarse las presiones por el canje acrecentando la incertidumbre de los amigos del intercambio”.

Uribe también se mostró dispuesto a liberar “a más personas de las FARC que estén en las cárceles colombianas”, pero aclaró que no podía traer a “Sonia” ni tampoco a “Simón Trinidad”.

Reyes le recomienda a los colombianos en vísperas a las elecciones regionales de octubre.

Aunque en entrevista concedida a la Agencia de Noticias Nueva Colombia precisa, “no existe definición de la dirección sobre el tema de las elecciones”. Hace un llamado al pueblo colombiano para colapsar el régimen uribista, “falta mayor decisión, organización y movilización del pueblo y sus organizaciones en la protesta contra las arbitrariedades cometidas por el gobierno de la narco-para-política…”.

Reyes dijo, “La verdad tantas veces denunciada por las FARC sobre la política paramilitar del Estado empieza a confirmarse ahora después miles de muertes de civiles y lesionados, con más de tres millones de desplazados fuera de centenares de exiliados. Incrementando la pobreza y de la miseria entre la gente del campo, los poblados y la periferia de las ciudades. Las víctimas del terrorismo de Estado es consecuencia de la histórica guerra de los ricos contra los pobres por afrentar sus capitales sobre la tragedia de los desposeídos. Álvaro Uribe expresa las convicciones de la ultra derecha de los partidos tradicionales, en defensa de los intereses de la oligarquía, a la vez gestores y promotores de la estrategia contra insurgente que lacera ante todo a la población civil opositora a las políticas del gobierno”.

Congreso de EEUU aprobó $10 millones para ofensiva mediática en Venezuela

Fri, 10 Aug 2007 07:50:00 +0000

CARACAS (Fuentes Combinadas) — En una exposición ante los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de Comunicación, la investigadora Eva Golinger describió la estrategia utilizada por Estados Unidos para encubrir los financiamientos del departamento de Estado.

Uno de los financiamientos, dijo, es a través de la oficina para las iniciativas hacia una transición (OTI), que contrató una empresa, Development Alternative Inc., para manejar un presupuesto de 15 millones de dólares anuales en programas de desestabilización en contra Venezuela.

También informó que el Congreso de Estados Unidos acaba de aprobar fondos por 10 millones de dólares para reforzar su estación radial de propaganda, La Voz de América, en colaboración con medios y periodistas de Venezuela.

Golinger mencionó que la Agencia del Desarrollo Internacional de EEUU (USAID), financiada con fondos públicos manejados por el Congreso estadounidense, bajo supervisión del departamento de Estado y la embajada de ese país, operan en Caracas.

Los beneficiarios, entre ellos están Primero Justicia e Instituto de Prensa y Sociedad, cobran en dólares y reciben asesoría especializada del departamento de Estado, según Golinger.

USAID declara en su página web que actualmente financia a más de 300 programas y grupos en Venezuela, para “promover la democracia”, a través de su oficina para las iniciativas hacia una transición, establecida en Caracas en junio de 2002, dos meses después del golpe de abril, explicó la abogada.

Esta oficina, agregó, contrató una empresa estadounidense para manejar quince millones de dólares anuales en financiar proyectos y programas de grupos de oposición a través de organizaciones estadounidenses.

Eva Golinger hizo un amplio y detallado recuento de las operaciones realizadas por el departamento de Estado en Venezuela desde 1945 hasta 1970, para reclutar a periodistas y medios de comunicación y advirtió que ahora esas actividades son más discretas, pero no por ello menos perjudiciales.

“A través de mis investigaciones he logrado desclasificar documentos que demuestran quiénes han recibido ese dinero para asesorías y con qué fin. En casi todos los casos resulta que es para fines de desestabilización y acciones criminales y antidemocráticas”.

“En mis dos libros que tengo aquí para consignar en la comisión, el Código de Chávez y Bush vs Chávez, detallo, analizo y demuestro cómo los grupos y actores involucrados han intentado derrocar el gobierno del presidente Chávez y destruir la revolución bolivariana”, precisó Golinger.

La abogada Golinger dijo que estos fondos se filtran a través de organizaciones vinculado con los partidos demócratas y republicanos. También usan personalidades famosas, incluso a gente progresistas, para hacer el trabajo subversivo enmascarado de animando el libre intercambio de ideas y la democracia sin que estos mismos sepan que solo son instrumento de la CIA y otras 15 agencias de inteligencia estadounidense, agregó.

Ella dijo que los que se envuelven en las prácticas en contra de la Revolución Bolivariana no necesariamente comparten la política del gobierno de Bush, sino que comparten la misma visión sobre Venezuela y el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Golinger hizo sus investigaciones usando la Ley de Libre Acceso a la Información (Freedom of Information Act).

¿Economía ‘fuerte’? Pierden los jóvenes

Fri, 10 Aug 2007 07:46:00 +0000

“Esta es, por mucho, la economía mundial más fuerte que he visto yo en toda mi vida empresarial,” declaró recientemente el secretario del Tesoro, Hank Paulson, durante su visita a las oficinas de la revista Fortune.

¿De veras? ¿Fuerte para quién?

Para los jóvenes trabajadores y estudiantes por todo Estados Unidos, el cuadro no se ve tan bonito.

Los trabajadores de 20 a 30 años de edad hoy tienen varios trabajos, y trabajan horas aun más largas de lo que hicieron las generaciones anteriores. Sube el costo básico de la vida más rápido que los aumentos de sus cheques de pago.

Según los datos del departamento de Comercio un egresado típico masculino de escuela superior en 1972 pudo esperar ganarse el equivalente de poco más de $42.000 al año en dólares ajustados por la inflación. Ya treinta años más tarde ganaba ese mismo grupo alrededor de $29.000 por año.

Por supuesto, esto es para los jóvenes que alcanzan encontrar trabajo. Para millones de jóvenes sigue la búsqueda de trabajo, en especial para los jóvenes afronorteamericanos, latinos y de otras minorías. Aún con diploma universitario no hay garantía ninguna de empleo. Queda sin trabajo casi uno de cada cinco recién egresados.

Al igual que la baja de salarios y la falta de trabajos de buena calidad la crisis en el cuidado de salud también afecta a la generación joven. Reporta el Instituto de Política Económica que entre 1979 y 2004 el número de egresados recientes de escuela superior cubiertos por seguro de salud proporcionada por los patrones ha caído precipitadamente del 63 por ciento al 33,7 por ciento. Para los graduados de universidad resulta la situación un poco mejor, pero muchos tienen que aceptar una cobertura de mala calidad. Y, 18 millones de jóvenes adultos no tienen cobertura médica ninguna; son estos, por todos los índices, el mayor grupo de no asegurados.

También se encuentran siempre más apretados los estudiantes. A los jóvenes que tratan de completar su educación universitaria, se les imponen obstáculo tras obstáculo. Colegiaturas que andan por las nubes, siempre menos ayuda estudiantil, tazas de interés inestables en los préstamos estudiantiles y restricciones a los estudiantes inmigrantes, todos son partes de un ataque sostenido contra la educación superior.

Subiendo mucho más rápidamente que la taza inflacionaria global, han subido las colegiaturas en un promedio nacional del 35 por ciento durante los últimos cinco años nada más. En algunos colegios y universidades los aumentos han ido del 95 por ciento hasta el 100 por ciento desde el 2001. Muchos jóvenes ya no pueden asumir el cargo que se les exige para conseguir un grado de universidad. Los que sí lo hacen quedan atrapados en un sistema “deuda por diploma” que les deja endrogados con decenas de miles de dólares de préstamos estudiantiles que pagar.

Mientras tanto, durante 12 años de control republicano se quedó el Congreso con brazos cruzados. Desde las elecciones de noviembre de 2006 ha habido un mayor movimiento por la legislación educativa, pero todavía hay mucho que hacer para empujar adelante al Senado y a la Cámara de Representante sobre esas cuestiones.

Una parte de la reautorización de la Ley de Educación Superior (HEA, por sus siglas en inglés), actualmente en trámite en el Congreso permitirá un aumento a las becas Pell de su límite actual de $4.700 a $6.300; ¡ya para el año 2012! Debido a los rápidos aumentos en el costo de las colegiaturas y cuotas universitarias, proyecta la Asociación Estudiantil de EEUU que para que tengan las becas Pell el mismo poder adquisitivo que tuvieron a mediados de la década de los ’70 tuvieran que aumentarse a $9.000. Aunque la reautorización de la HEA sería un buen paso adelante, queda claro que muchas de sus medidas son insuficientes.

De importancia especial para los estudiantes inmigrantes es la ley DREAM que les ofrecería a los jóvenes indocumentados el mismo acceso a la ayuda estudiantil federal que ya tienen los demás estudiantes. Los senadores demócratas Harry Reid (de Nevada) y Dick Durbin (de Illinois) ya se han comprometido adelantarla en el Congreso.

Para los trabajadores jóvenes, el último aumento en el salario mínimo fue una victoria legislativa significativa. Otra medida importante es la Ley de Libertad de Escoger para los Empleados, que les dejaría a todos los trabajadores en mejor pie de lucha como para organizar a sus lugares de trabajo y luchar por esos salarios, pensiones y planes de salud que están siendo recortados por las grandes corporaciones.

Si logramos debilitar aún más a la ultraderecha en 2008 será posible una mayor presión por una legislación aún más progresista a beneficio de los jóvenes trabajadores y estudiantes. Muchas organizaciones de jóvenes y estudiantes, entre ellos la Asociación Estudiantil de EEUU y la Liga de Jóvenes Comunistas, ya se alistan para la lucha que se acerca. Ha llegado el momento de ponernos a trabajar.

C.J. Atkins es joven activista en Arkansas.